El crimen de tres carabineros en Cañete ha impactado a la sociedad chilena. Ante tan doloroso asesinato es justo hacer extensivas a las familias las condolencias y exigir junto a ellas el esclarecimiento de los hechos para la realización de la necesaria justicia.
El asesinato de los tres uniformados se da en un contexto generalizado de desconfianza en las instituciones y en medio de un clima exacerbado de inseguridad. Este clima ha favorecido para que los sectores más conservadores de la sociedad, quienes apoyados en los grandes medios de comunicación, exhorten a la militarización, el racismo y desaten la demagogia y el engaño.
Desde las propuestas de reponer la pena de muerte pasando por llamar a decretar estados de sitio. Y en medio de todo estos discursos, pretenden leyes de amnistía para quienes violaron los derechos humanos durante el llamado estallido social, consiguen la prórroga de la formalización del general Ricardo Yáñez o se acusa a los fiscales que investigan violaciones a los derechos humanos de inventar delitos. El populismo penal es altisonante y efectista pero no disminuye los delitos, no mejora las capacidades investigativas y es peligroso para los derechos humanos.
Cómo organización defensora de los derechos humanos pensamos que no es hora de la demagogia y el populismo ni menos de difundir noticias falsas o medias verdades. Tampoco replegarse en la defensa de los derechos humanos. Es la hora de la investigación seria y urgente. Es tiempo de reflexión y acción. Y por sobre todo es momento de hacer justicia para todos y todas.
Por ello creemos que proponer amnistía para quienes violaron derechos humanos durante el estallido social, como lo propugnan sectores de derecha, es antijurídico y aberrante. Es desconocer lo que es una violación de los derechos humanos. Existen tratados internacionales, acuerdos suscritos por el estado y evidentes vulneraciones cometidas por agentes del estado y ante las cuales pesan las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar. La impunidad no es camino de justicia.
También creemos que postergar la audiencia de formalización del general Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, anunciada hace meses, es una decisión política del Ministerio Público que debilita a la institución y vulnera el principio de igualdad ante la ley. Al más alto oficial institucional, que no ha colaborado con la investigación, se le acusa de responsabilidad de mando en el actuar de carabineros tras el 18 de octubre de 2019. Se le imputa omisión en delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en alrededor de 1.400 casos de violaciones a los derechos humanos.
Lo reiteramos, hoy es tiempo de reflexión y de investigación seria para realizar justicia. No es tiempo para declaraciones altisonantes cuya única finalidad es sembrar el temor y acrecentar las desconfianzas. Chile no debe sumarse al proceso de regresión en el respeto a los derechos humanos que observamos en el mundo. Por el contrario, para construir una sociedad digna de ser tal, la justicia en todos sus dimensiones, es un elemento imprescindible.
CODEPU
29 de abril de 2024
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