Habían transcurrido solamente doce días desde aquel fatídico martes 11 en que se inició el despliegue de las Fuerzas Armadas ocupando todo el territorio nacional cuando Carabineros irrumpió violentamente en la vivienda de la Población El Olivo, en San Bernardo, donde se encontraba Enrique Montero Montero, de 29 años, casado y comerciante ambulante. En presencia de Viola Montero Escanilla, su madre y de Manuel González Torres lo golpean y lo detienen.
Momentos después de la detención, su hermana María Audomira se dirigió a la Comisaría de San Bernardo, donde le reconocieron que estaba allí y le recibieron una prenda de ropa para el detenido. Al día siguiente, los carabineros le señalan que su hermano había sido entregado a los militares y se encontraba en la base de Cerro Chena. En Cerro Chena, le indicaron que no se encontraba ahí. Volvió a la Comisaría, y los carabineros le insistieron que había sido trasladado a Cerro Chena. Ir y venir, venir e ir, así pasaron los años de dictadura.
Un nombre y un cuerpo
Con el advenimiento de los gobiernos civiles parecía abrirse una nueva etapa en la búsqueda de la verdad. Así lo señalaban las autoridades y los familiares necesitaban creerlo. En 1991, se les informa a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del periodo comprendido entre el 11 de septiembre y diciembre de 1973 en la Región Metropolitana que prontamente se exhumarían más de cien cuerpos señalados como NN en el Patio 29 del Cementerio General. En verdad, se trataba de 126 cuerpos enterrados en 107 tumbas. Un hallazgo doloroso para los familiares que además, debieron soportar el sarcasmo del “pero qué economía más grande” proferido por el propio dictador Augusto Pinochet.
Pese a todo, inquebrantables y resistentes los familiares se dispusieron a entregar fotografías y el máximo de informaciones para lograr la identificación de aquellas osamentas. Habían esperado tanto tiempo.
Un 25 de julio de 1995, veintidós años después de la detención y desaparición de Enrique Segundo Montero Montero, unas osamentas inhumadas ilegalmente en el Patio 29 son identificadas como las que le pertenecen.
Para sus familiares han sido años de espera y de peregrinar de un lado a otro. Ahora, con dolor pueden reunir nombre y cuerpo para proceder a un digno rito mortuorio y cerrar un largo ciclo con la certeza de conocer el destino final y tener un lugar donde llevarle una flor.
Un doloroso retroceso
Pero ese extenso recorrido no tuvo como final la verdad y la justicia. Poco a poco, un rumor que circulaba en los pasillos del Servicio Médico Legal (SML) y las agrupaciones de familiares, comienza a adquirir fuerza. Las identificaciones no han sido correctas, hay errores. Un informe de una universidad escocesa así lo señala al periciar la información entregada y compararlas con las identificaciones del propio SML. Y éste no entrega ese informe a los Tribunales de Justicia. Se genera una controversia.
Los familiares entre la rabia y el dolor ven cómo sus desaparecidos desaparecen nuevamente. El Estado fue quién los secuestró e hizo desaparecer y el Estado que debió asumir plenamente su responsabilidad les señala que se equivocó en las identificaciones. Enrique Segundo Montero Montero es nuevamente desaparecido. Su identificación es errónea y la familia hizo un duelo con el cuerpo equivocado. ¿Se asumieron todas las responsabilidades políticas?
Plan de Búsqueda
No hace mucho se anunció el impulso de un Plan Nacional de Búsqueda que tiene como objetivo dar respuesta a la pregunta lanzada al mundo en los comienzos de la dictadura “¿Dónde están?
Tras tantos años viviendo entre el dolor y la esperanza, entre frustraciones y engaños, es legítimo que los familiares desconfíen de las instituciones. Ellos siempre han estado dispuestos a prestar su máxima colaboración. También esperan que las instituciones y aquellos que cuentan con información privilegiada y de primera mano, es decir, los victimarios de las fuerzas armadas y de orden y sus colaboradores civiles entreguen la información que poseen. En el recuerdo asoma la Mesa de Diálogo, las dudas. La experiencia indica que la única posibilidad de que rompan sus pactos es cuando los tribunales avanzan en su tarea. Y más preguntas buscan respuestas. ¿Qué piensa la ministra de Defensa y los responsables políticos de la conducción de las Fuerzas Armadas?. ¿Habrá los recursos necesarios para investigar? ¿Se resolverá la crisis que enfrentan las instituciones colaboradoras de la justicia como el SML? ¿Se puede confiar en el SML si contrata a quien promete beneficios para los criminales de lesa humanidad presos en Punta Peuco? ¿Hay voluntad política en el Estado para hacer verdad?
Nueva querella
Entretanto los familiares no descansan y perseveran en su búsqueda. No quieren revivir las sensaciones angustiosas una y otra vez. Es cierto. Pero también es cierto que las desconfianzas existen, aunque no las quisieran. Pero prosiguen en su lucha, resisten, no renuncian a ella e insisten.
“Vengo en interponer querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de asociación ilícita para la comisión de inhumación ilegal y exhumación ilegal, cometidos en perjuicio de don Enrique Segundo Montero Montero” se señala en la acción judicial presentada hace pocos días en la Corte de Apelaciones de San Miguel por su hijo, Patricio Gilberto Montero Espinoza y que tiene el patrocinio de las abogadas Alejandra Arriaza del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos ONG CINTRAS y Mariela Santana, de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo, CODEPU.
En la querella se denuncian dos delitos “el diseño, desarrollo y ejecución de un plan, por parte de personal perteneciente al Ejército de Chile, orientado a ubicar, exhumar y eliminar definitivamente las osamentas de ejecutados políticos, enterrados clandestinamente en sus respectivas jurisdicciones configurando el delito de asociación ilícita para la comisión del delito de exhumación ilegal y el desenterramiento de los restos de las víctimas inhumadas ilegalmente, con infracción de la normativa legal y reglamentaria, configura el delito de exhumación ilegal”.
Se agrega que “estos ilícitos en tanto atentan contra los más básicos principios de humanidad, dignidad y respeto por las garantías fundamentales, se consideran crímenes de lesa humanidad. Una de las consecuencias prácticas de dicha calificación es que los partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción”.
Han transcurrido más de 50 años desde aquel 23 de septiembre de 1973. Desde entonces, Enrique Segundo Montero Montero es un detenido desaparecido, se desconoce su destino final. 50 años, es demasiado tiempo para quienes sufrieron la violencia de estado, los familiares y la sociedad en su conjunto. Han esperado tanto que ya es el momento que tan interminable espera con dolores e incertidumbre llegue a su fin.
CODEPU
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