Diversos informes de organismos internacionales establecieron que a partir del 18 de octubre de 2019 Chile vivió la más grave crisis de derechos humanos desde finalizada la dictadura, y que tuvo como consecuencias “la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, tal como lo señaló la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ante toda violación de derechos humanos el Estado -considerando que fueron agentes del estado los responsables de la política de castigo a la población que se manifestó- tiene la obligación de reparar el daño causado. Antes que todo, porque a las víctimas les asiste el derecho a la reparación integral y además, la reparación es una oportunidad para combatir las condiciones que hacen posible las referidas violaciones.
Sabemos que las violaciones a los derechos humanos constituyen una experiencia traumática que provoca un quiebre estructural en la persona. Así le ocurrió a Mario Acuña Martínez, trabajador temporero, que fue objeto de una brutal golpiza por parte de Carabineros el 23 de octubre de 2019 en la comuna de Buin.
Como en tantos otros hechos ocurridos en ese contexto, estamos en presencia de una situación con secuelas físicas visibles, gravísimas, de carácter permanente e irreversibles y de un daño más profundo, el psíquico.
Recién el año 2023, Mario obtuvo sentencia condenatoria para los perpetradores del delito que lo dejó postrado de por vida.
Y si bien es cierto que la justicia es parte de la reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, no es menos cierto que lo logrado es parcial. Los responsables políticos, el alto mando de Carabineros aún no asumen sus responsabilidades políticas y penales. Ciertamente la porción de justicia alcanzada no logra integrar todos los aspectos necesarios para que una persona que ha visto fracturada su biografía por actos dolosos de agentes del estado, vuelva a recuperar su dignidad e indemnidad.
Pero la victimización de Mario no terminó con los golpes que recibió. Continúa hasta hoy. Por estos días, es el aparato estatal el que vuelve a golpearlo, con su abandono, tratamiento discriminatorio, omisiones, trámites inútiles y una burocracia deshumanizada que incrementa el daño provocado aquel 23 de octubre, lo que conocemos como victimización secundaria. El estado y las autoridades, faltos de una perspectiva de derechos humanos, han impedido que perciba materialmente la pensión de gracia.
En efecto, Mario aún está a la espera de percibir la pensión de gracia, aquella que el estado estableció para quienes sufrieron menoscabo en sus capacidades laborales como resultado de la represión en el contexto del llamado estallido social a la que postuló en diciembre de 2021. Que si bien, no puede considerarse la reparación integral a la cual hace mención el derecho internacional humanitario, es una contribución a la serie de gastos que causa la postración que el propio estado lo sometió.
Insistimos, el que aún no se le otorgue la pensión de gracia es violencia estatal en contra Mario Acuña. Una violencia que no ha terminado, que prosigue y se profundiza día a día, generando un impacto mucho mayor tanto en él como víctima, como en su entorno.
Un asunto que hay que corregir es que en nuestro sistema, a diferencia de otros sistemas de protección de derechos humanos, las víctimas son obligadas a demostrar lo que les ha sucedido, aunque el daño sea evidente. No es el estado el que prueba que no ha violado los derechos humanos.
En el caso de las pensiones de gracia, específicamente, a lo largo de todo el proceso, desde la “postulación” de la víctima en adelante, se han agregado cada vez más trabas, que han ralentizado el trámite. En nuestra apreciación, no se actúa en los tiempos oportunos ni la eficiencia necesaria y con un enorme temor a lo que puedan decir los sectores más conservadores, aquellos que no vieron el malestar que se incubaba en la sociedad y que luego despliegan sus medios para criminalizar toda manifestación de descontento. Eso explica, a nuestro entender, que se constituya una “comisión” de “expertos” que no se reúnen, se impongan demoras y retrasos injustificables o como recientemente, se les impone el requisito de no contar con antecedentes penales, como si la calidad de víctima se perdiera por hechos anteriores.
A ratos, tenemos la impresión que el Estado, el Gobierno, sus funcionarios no se han enterado que en el caso de Mario Acuña existe una sentencia definitiva documentada contra agentes del estado que se encuentran en prisión. De allí que esto sea una denuncia en el caso particular de Mario y una exigencia a que el Estado asuma que tiene que dictar una política de reparación integral para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos acaecidas en el contexto del estallido social, entendiendo que esa reparación debe cumplir con los principios de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los tiempos de las víctimas de la represión no son los tiempos del estado. La evidencia dolorosa es conocida por todos.
CODEPU
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