Se hizo conocida a nivel mundial la fotografía de Oscar Pérez quien fue embestido y aprisionado entre dos carros policiales en una manifestación “no autorizada” en la Plaza Italia, bautizada por el movimiento social, a partir del 18 octubre, como Plaza de la Dignidad, lo que le dejó graves lesiones.
También conocimos el despliegue de más de un millar de policías para impedir dicha manifestación y las declaraciones del Intendente, don Felipe Guevara, en orden a que “no tenemos ninguna manifestación autorizada en ese lugar, y por lo tanto no corresponde que exista una manifestación”.
Creemos que esa es la mejor expresión del régimen que estamos viviendo, de absoluta ilegalidad y violencia. El Intendente con un nivel de ignorancia indiscutible está señalando que en Chile solo puede haber manifestaciones autorizadas. Cuando la verdad es que la propia Constitución del 80, recogiendo lo señalado en la Carta del 25 asegura que las personas tienen derecho a reunirse sin permiso previo, en forma pacífica y sin armas. Y ese es el contenido exacto del derecho a reunión: reunirse sin armas y sin permiso previo.
Algunos sostienen que el derecho a reunión entra en colisión con la libertad ambulatoria de las personas. No tiene nada que ver. Ambos están separados por lo menos hace 150 años. Y la verdad es que existe el derecho a reunirse sin permiso previo. Lo que ocurre es que cuando se ocupa la calle y se transita por arterias hay que establecer algún nivel de regulación. Y las municipalidades tienen el deber de regular el uso del espacio público. Pero ninguna regulación es un derecho superior al derecho constitucional de reunirse sin permiso previo. Entonces, el Intendente, Felipe Guevara toma una decisión política absolutamente ilegal e inconstitucional que debiera llevarlo a la renuncia forzada, dado que actúa fuera de los marcos de la Ley y la propia Constitución del 80. Y su orden de impedir a toda costa la manifestación en la Plaza de la Dignidad es un acto constitutivo de flagrante inconstitucionalidad, que sanciona el artículo Séptimo de la mencionada Constitución pinochetista. Su decisión de impedir la manifestación se trasformó en un acto inductivo de delito
Hemos visto que algunos organismos de defensores de Derechos Humanos sostienen que los autores materiales y los mandos policiales a cargo de la operación, deben ser destituidos y sancionados penalmente. Ellos tienen razón, pero en nuestra opinión aquí hay una responsabilidad política directa y tiene nombre y apellido: el intendente de Santiago, quien dio una orden inconstitucional e ilegal referida a que no podía haber una manifestación.
¿Cuál es el origen de esa idea de exigencia de autorización para las manifestaciones? Efectivamente el estado de excepción constitucional permite que se restrinja el derecho a reunión y por lo tanto se prohíben las manifestaciones. Durante toda la época de la dictadura vivimos en permanente estado de excepción: estado de guerra, estado de sitio, estado de peligro de perturbación de la paz, que estableció al 24 transitorio. Y en esos años de dictadura debimos acostumbrarnos a solicitar permiso para manifestarse, que solo procede cuando existe estado excepcional. Como se ve el intendente quedo pegado a la Dictadura
Pero en forma natural y normal prevalece el derecho a reunirse sin permiso previo y la responsabilidad política de impedirlo ilegal e inconstitucionalmente es del Intendente. Esta responsabilidad tiene que ser exigida. Más aún, cuando se está ejerciendo una represión extralimitada en los hechos, orquestada, sistemática y dirigida contra la población. Balines, lacrimógenas y aguas contaminadas del carro lanzaaguas que al agregársele químicos tiene la finalidad de ahondar el mal y de dañar a los manifestantes por el solo hecho de manifestarse.
Los informes internacionales que condenan al gobierno de Chile son conocidos y cuando hicieron referencia a que la política de control de las manifestaciones tiene la finalidad de dañar a la población causó niveles de irritación importante en las autoridades, pero hoy lo que vemos es que la política represiva tiene precisamente ese objetivo, lo que le otorga un claro perfil autoritario.
Hiram Villagra Castro
Abogado de DD.HH, miembro de directorio de CODEPU.
Diciembre 21 de 2019.
