A la hora de secuestrar y torturar, los actuales huéspedes de Punta Peuco fueron implacables. Pero ahora suplican desde el penal especial ser liberados por viejos y enfermos. El pasado 25 de junio sus hijos, nietos y bisnietos pagaron un costoso inserto en el diario El Mercurio, donde claman a la presidenta Bachelet por la excarcelación de estos “tatas” y “nonos” en una bien articulada campaña, que ha puesto en alerta a las organizaciones de derechos humanos.
No es la primera vez que se activan campañas para liberar a los violadores de derechos humanos encarcelados en Punta Peuco. Pero ahora, el lobby de la “familia militar” intenta convencer a la opinión pública de favorecer a unos “ancianos y enfermos”, para que terminen cumpliendo sus condenas cómodamente instalados en sus hogares. En apariencia exploran un camino parecido al que tomó Pinochet para eludir la justicia tras su retorno de Londres.
Cabe recordar que el 4 de julio de 2002 el ex dictador fue sobreseído definitivamente de las causas en contra suya, bajo el argumento de sufrir demencia senil. No obstante, dos años después, en 2004, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento, dejándolo bajo arresto domiciliario y en libertad bajo fianza. Los familiares de las víctimas nunca quedaron convencidos que el general estuviera tan enfermo como decían sus médicos y se extendió la sospecha de una bien montada maniobra para eludir la justicia.
Abuelos siniestros
Las cifras del accionar represivo de la dictadura son espeluznantes: 3000 desaparecidos y ejecutados y más de 40 mil torturados, validados por la Comisión Valech. Un cómputo que hablan de una vorágine represiva, en la cual los “tatas” de Punta Peuco tuvieron un activo protagonismo.
Uno de esos viejos que podría verse favorecido con esta maniobra, es Raúl Iturriaga Neumann. Tiene 78 años de edad y cae por tanto en la categoría de los “ancianos inofensivos” que motivan al sacerdote jesuita Fernando Montes y al obispo Alejandro Goic a pedir su libertad. Además Iturriaga hace ostentación de una fervorosa religiosidad y adhesión al Papa, como lo refleja en uno de sus últimos escritos, titulado “Luces y sombras”, publicado en un sitio de facebook denominado “La voz de Punta Peuco”.
Solo que el prontuario de este anciano es terrorífico. Está tachonado de secuestros y asesinatos, entre los cuales se cuenta el del general. Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. Además dirigió personalmente la denominada “Operación Colombo”, mediante la cual se intentó presentar la desaparición de 119 prisioneros políticos como asesinados por sus propios camaradas o por la gendarmería argentina.
En 1975, Iturriaga Neumann fue jefe de la Brigada Puren de la DINA cuya sede era una vivienda situada en la esquina de las calles Irán y los Plátanos, actual comuna de Macul, conocida como “Venda Sexy”, cuya especialidad eran las torturas y aberraciones sexuales en contra de prisioneras y prisioneros indefensos.
Es claro que a sus 78 años, Iturriaga Neumann y otros ancianos de Punta Peuco no representan un peligro para las personas. Pero su excarcelación constituiría una afrenta para cualquier sociedad que se considere civilizada. Son criminales de lesa humanidad y el derecho internacional considera que tales crímenes no prescriben, no permiten la excarcelación del perpetrador y no pueden ser amnistiados en tanto son las peores atrocidades que pueda cometer un ser humano. De ahí la drasticidad con que se castigan, que ha llevado a algunos criminales a morir en la cárcel.
Liberar a los ancianos siniestros sería, además, un escarnio a las víctimas que han esperado justicia por décadas, misma que ahora se les pretende denegar aduciendo la edad y las enfermedades de unos viejos que siguen llamando “pronunciamiento militar” a un golpe de estado ilegal y sangriento, que no reconocen ninguno de sus crímenes y se han negado sistemáticamente a colaborar con información para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos.
Rearticular las fuerzas contra la impunidad
La ofensiva del lobby militar ha sorprendido a las organizaciones de derechos humanos en una situación de descoordinación. Algunas organizaciones de familiares se han movilizado, pero está claro que es insuficiente. Se siente la falta de una instancia coordinadora, como la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, se siente la soledad de quienes se movilizan y también la ausencia de quienes se ausentan.
Se siente la necesidad que todos y todas se movilicen en contra de la impunidad.
