Ha trascendido que la querella en contra del general Juan Emilio Cheyre habría provocado dificultades al interior del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, incluyendo solicitudes de renuncia hacia algunos abogados. CODEPU manifiesta su preocupación por este hecho, que buscaría inhibir la acción del organismo en contra de un militar considerado, al parecer, «intocable» por algunos servicios prestados a los gobiernos civiles de la transición.
Pero los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y sus autores deben ser encausados y condenados a penas de cárcel efectiva. En esto no pueden haber personajes intocables.
Según los testimonios con que se cuenta, entre ellos los de ex prisioneras y prisioneros políticos, las evidencias en contra de este militar son variadas y contundentes. Ellas lo involucran en sesiones de tortura, en acciones de colaboración con la caravana de la muerte y el asesinato de 15 prisioneros y su participación en los sucesos que terminaron con la vida del matrimonio Lejderman-Avalos y la entrega de su hijo sobreviviente a las monjas de La Compañía de La Serena.
Lo ocurrido en La Serena fue grave y brutal, debe ser investigado y sancionado ejemplarmente. No cabe otra alternativa.