La institución, mediante comunicado público, rechazó la medida que sanciona la filtración y ruptura del secreto de investigaciones penales y la legislación que repone la detención por sospecha.
El Senado de la República acordó tras varias modificaciones una indicación que establece sanciones penales a quienes rompan el secreto de las investigaciones judiciales. Lamentamos dicha indicación, pues quienes trabajamos en la promoción y protección de los derechos humanos, pensamos que la intención de resguardar el principio de presunción de inocencia, no se puede proteger afectando un derecho tan importante para una democracia, como es la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la ciudadanía.
Más grave aún, cuando la legislación adoptada establece límites evidentes al acceso a las potenciales fuentes informativas y genera un clima de temor en ellas. La libertad de expresión, el libre acceso a las fuentes informativas y el derecho a la información son bienes que hacen a la esencia de una democracia.
Igualmente, no compartimos las indicaciones aprobadas en la nueva ley de control de identidad. Esta legislación permitirá la detención administrativa, por hasta cuatro horas, de toda persona que no porte un documento de identificación en caso de serle requerido, prácticamente en cualquier lugar y circunstancia. La detención por sospecha, porque eso es, pone en riesgo la libertad personal, especialmente de los sectores más discriminados socialmente, ya que a ellos se les podrá detener arbitrariamente, sin importar, incluso, que sean menores de edad.
Como organismo promotor y defensor de los Derechos Humanos pensamos que ambas medidas son innecesarias, aumentan el clima de desconfianza y temor, más aún cuando en la legislación vigente existen disposiciones respecto a las materias señaladas.
Abril 2016