El 23 octubre de 2019 un piquete de seis carabineros, a cargo del Capitán Juan Rosales Apablaza, irrumpe en una pequeña plaza de Bajos de Matte con Pasaje El Olmo, en la comuna de Buin, donde pobladores se manifestaban pacíficamente encendiendo velas, en reivindicación de las víctimas caídas en el estallido social. Entre los manifestantes, se encontraba Mario Rigoberto Acuña Martínez, de entonces 42 años, poblador de Buin, que trabajaba de temporero agrícola o trabajador no calificado en labores de ocasión; padre de tres hijos, amante del fútbol y la música, quien cantaba, a la vez que hacía sonar un tarro y un silbato esa noche.
Tres de los entonces funcionarios de carabineros, hoy acusados Jonathan Neira Chaparro, Víctor Lastra Marguirott y Henry Cuellar Vega, se acercan a Mario, que se encontraba al interior de la plaza, lo someten a su custodia y en esas condiciones, violentando su deber de garante, le aplicaron torturas consistentes en una brutal golpiza, con puntapiés con botas y otras crueldades para luego ser abandonado.
Mario Acuña no los provocó, no opuso resistencia ni intentó agredirlos, de modo tal que la violencia por él sufrida fue injustificada y antijurídica y, por tanto constitutiva de un grave delito, el de lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura.
El delito de tortura, reviste una naturaleza especial, pues es constitutivo de una grave violación de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Es una de las conductas más abominables y reprochables dentro de nuestro ordenamiento jurídico y del derecho internacional. Representa un intento intencionado de destruir la dignidad de la persona mediante el infligir dolor inhumano, acarreando graves y permanentes secuelas, tanto individuales, como colectivas.
Como señala el profesor Martín Losada, los crímenes de lesa humanidad consisten en un “ataque generalizado o sistemático, contra la población civil, hecho con conocimiento del mismo, pero siempre dentro de un marco general”.
Y efectivamente, la agresión sufrida por Mario Acuña, no fue un hecho aislado. El conjunto de los hechos de violencia ocurridos desde el 18 octubre de 2019 en adelante, que afectó a miles de manifestantes, que fueron víctimas de una práctica represiva generalizada por parte de agentes del estado es la prueba de ello.
Fue la aplicación de una política estatal estructural de ahogamiento de la protesta social realizada por agentes del estado y que implicó el castigo a la población civil que se manifestaba.
Para tratar de disuadir las protestas, se aumentó deliberadamente el daño. Esta política de castigo se mantuvo en el tiempo, como fue documentado en múltiples informes de organismos de derechos humanos. Todos fueron contestes en calificarlos como graves violaciones a los derechos humanos y nosotros afirmamos, que además son delitos de lesa humanidad.
Hoy Mario Acuña, yace postrado en una cama, absolutamente consciente y con juicio de realidad, pero incapaz de articular palabra y valerse por sí mismo. Debido al actuar doloso y con total desprecio por su persona de los agentes del estado, quienes tenían el deber de garantizar su integridad física y psíquica, la vida de Mario cambió para siempre en forma irreversible. Su proyecto de vida se vio interrumpido por este grave delito cometido, modificando el curso de su biografía, sin vuelta atrás.
Y la extensión del daño ocasionado por las torturas recibidas, no sólo es para él, sino también para su entorno, su familia, su cuidadora. Ellos tuvieron que reorganizar y limitar su vida para poder hacerse cargo suyo.
Mario fue castigado por el ejercicio pacífico del derecho a manifestarse. Hoy cuando en el Tribunal Oral de lo Penal de San Bernardo se están realizando las audiencias en el juicio, Mario representa, de alguna manera, a todas aquellas víctimas de tortura que sufrieron a causa de la política estatal de castigo a la población en el contexto del llamado estallido social.
En el día internacional contra la tortura, CODEPU releva la importancia de erradicar el uso de la tortura como medio ilegal de control social y reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos, luchando por lograr una respuesta contundente del estado, en términos de justicia, verdad reparación y garantías de no repetición.
MARIELA SANTANA
Abogada CODEPU