Tras meses de negociaciones y con nula participación popular se ha entregado un itinerario para un proceso constitucional, un verdadero engendro cuyo sentido último es perpetuar, en los hechos, el orden social, económico y político que nos rige y causante de desigualdades sociales y abusos.
El llamado Acuerdo por Chile no es un buen acuerdo, es más bien un acuerdo que desconoce el principio de la soberanía popular y significa una regresión democrática, pues no busca resolver la crisis de la democracia con más democracia sino que revive la práctica de los designados. El Acuerdo recién firmado otorga facultades a “expertos” designados por el Congreso generando un tutelado poder constituyente que más parece un retoño reverdecido de la Constitución del 80.
Insistimos, el Acuerdo es un claro retroceso democrático. Pues responde a un diseño encadenado que limita la plena expresión de la voluntad popular.
Primero estableció doce bases institucionales que limitan el espacio de un verdadero debate constitucional, estableciendo de antemano el marco general de lo que debe o no debe debatirse.
Luego se propone un Consejo Constitucional, una instancia que por su sola denominación se constituye en una instancia alejada de una verdadera Asamblea Constituyente y por lo tanto como expresión de una plena de la soberanía ciudadana y popular. Es un Consejo que no será acompañado de “expertos” elegidos sino que será intervenido por “expertos” designados. En otras palabras, se impone un tutelado poder constituyente y se renuncia a un poder constituyente originario sobre la base de la plena soberanía popular. Y tanto o más grave es que el Consejo será elegido de acuerdo al sistema de elección del Senado, que no solo distorsiona la soberanía popular al ser una elección regional, sino que expresa a plenitud el repudiado sistema binominal.
Pero el diseño del Acuerdo establece además un nuevo actor, un “arbitro” denominado Comité Técnico de Admisibilidad, una nueva instancia, con derecho a veto, designada por el Congreso y no elegida por los ciudadanos.
En definitiva el Acuerdo por Chile no es otra cosa que asumir que del nuevo proceso constitucional debe surgir una constitución en la medida de lo posible, es decir lo más parecida a la Constitución del 80.
El llamado Acuerdo por Chile en lo esencial reduce el ámbito de la política y el debate democrático y amplía el espacio de la llamada “experticia” y los “técnicos especialistas” que , en realidad, es el lobby y el cabildeo antidemocráticos.
Desde la doctrina de los Derechos Humanos el Acuerdo por Chile niega la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la participación soberana, el disfrute pleno de las libertades públicas y desconoce múltiples instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
CODEPU
Diciembre de 2022