“Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada”, afirmaba categórico el expresidente Sebastián Piñera solo diez días antes del estallido social. Luego se informaría del alza en el valor del pasaje en el transporte… los y las estudiantes secundarios protestan y… se desata un clima de tensión. Entonces, la desconexión de las élites políticas y el empresariado con la realidad demostró niveles impresionantes. Varios voceros del gobierno conservador ante las alzas llamaban a levantarse más temprano y/o comprar flores porque resultaba más barato. Al mismo tiempo que agregaban “a los estudiantes no les subimos el pasaje”, razón por la cual no se entendía el porqué de sus protestas.
Luego vendría el 18 de octubre, momento en que se inician una serie de movilizaciones sociales que aún se conservaban en el recuerdo del país entero. Miles de personas ocuparon las calles exigiendo mejores condiciones de vida y expresando su malestar con un orden social injusto y generador de desigualdades y abusos.
De un instante a otro, se desató la asonada popular, una verdadera rebelión social. Seguramente, a las que en esas mismas calles tuvieron vida en otros momentos de la historia del país y que la historia oficial no recuerda ni enseña.
A tres años de tan decisivos acontecimientos que remecieron las instituciones y la realidad social y política del país, debemos reconocer que las demandas sociales exigidas por aquellos días aun siguen vigentes y es tarea de las autoridades responder ellas. Hoy es importante recordar que por aquellos días de movilización el empresariado, ante la inmensidad de las multitudes en las calles, señalaba que no vieron venir el descontento y compungido confesaba que entendía el malestar popular.
La revuelta social y popular que interrumpió el tiempo histórico de la marcha del orden social existente requiere ser recordado y analizado para determinar aciertos y errores, pero es también un momento para tener presentes a todas las víctimas de la más grave crisis de derechos humanos sufrida por el país desde tiempos de la dictadura civil-militar.
Efectivamente, las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas masivas marcaron a fuego la responsabilidad de las más altas autoridades del Estado y a las instituciones bajo su mando.
El accionar de los agentes del estado, en particular de la policía uniformada tuvo como objetivo castigar a la población que se manifestaba y exigía dignidad. Los muertos, los miles de heridos y lesionados, los cientos de personas que sufrieron trauma ocular, los encarcelados son la expresión de la violencia de estado aplicada con la finalidad de atormentar y disciplinar. Allí están los informes de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos que atestiguan de lo ocurrido.
A tres años de aquellos días agitados en que se sucedían las movilizaciones y se desataba la represión podemos afirmar que el escenario de impunidad se mantiene y se prolonga en el tiempo. La sentencia a 12 años de cárcel a Patricio Maturana, ex carabinero culpable de dejar a ciega a la actual senadora, Fabiola Campillai es una de las pocas condenas que se conocen. Habida consideración que ningún alto mando ha sido imputado por sus responsabilidades en los graves delitos ocurridos.
CODEPU hoy como ayer sostiene que al actuar agentes del estado pertenecientes a estructuras jerarquizadas y que responden a órdenes superiores la responsabilidad penal no se agota en el responsable material directo. Investigar la responsabilidad de la línea de mando hasta las más altas autoridades del Estado es imprescindible para la realización plena de la Justicia
Las denuncias y acciones judiciales ingresadas al Ministerio Público nos hablan de cifras de más de diez mil y el avance de las investigaciones y los procesos en la inmensa mayoría de ellas es casi nulo. La gravedad de la impunidad de hecho se acrecienta cuando es sabido que las violaciones a los derechos humanos requieren estándares de diligencia y oportunidad en la investigación, en los procesamientos y en las sanciones. De otra forma la impunidad se profundiza y prolonga en el tiempo y los riesgos de repetición se mantienen latentes.
A tres años de aquellas luchas sociales y de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos es imprescindible asumir el desafío de transformaciones profundas y estructurales en las policías, particularmente en Carabineros, donde es necesario abrir paso a una nueva institución policial. Esta tarea fundamental no puede quedar en el olvido y enredarse en el tiempo. Chile requiere policías que cumplan su labor respetando siempre los derechos humanos.
Por último, el país requiere de la más pronta implementación de políticas públicas de reparación. Políticas urgentes y oportunas. Los anuncios y acciones en esta materia, en una primera opinión, van en la dirección correcta, pues se intenta integrar a las víctimas y sus familias en el diseño de una reparación que debe ser integral. Pero aun el Estado tiene mucho por hacer.
En el tercer aniversario del estallido enfrentamos un momento en que desde las alturas del poder se intenta asociar el estallido social únicamente a episodios delictuales y que nos olvidemos de los motivos que impulsaron la protesta social. Con ello se pretende restringir la exigencia de verdad y la justicia. Por nuestra parte, consideramos importante mantener la memoria de un acontecimiento realizado por el propio pueblo y del cual éste requiere obtener lecciones.
CODEPU