A consecuencia del fallecimiento de un carabinero mientras realizaba una fiscalización de automóviles involucrados en carreras clandestinas en la V Región, además de la muerte de otro funcionario en un accidente carretero ocurrido en la comuna de Cañete en el contexto de la ocupación militar del wallmapu. Ambos acontecimientos lamentables, a lo cual se agregan otros hechos de agresiones a funcionarios policiales mientras realizaban procedimientos de control de delincuencia, asistimos a una hagiográfica campaña política y comunicacional en favor de la institución. En un esfuerzo concertado de las derechas, las élites, los medios de comunicación oficiales y sectores de un amplio espectro político que se les identifica como parte del “partido del orden”, buscan dar una señal que en lo inmediato entreguen nuevas herramientas operativas a las policías -en algunas iniciativas parlamentarias agregan a miembros de gendarmería- para, según han señalado sus promotores “…avanzar en el proyecto que modifica cuerpos legales para aumentar la protección del personal de Carabineros”.
En un giro esperable, dado que el fenómeno de la delincuencia ha hegemonizado definitivamente la agenda pública, el gobierno ha ido claudicando en cada uno de sus compromisos, aclarando que ni la voluntad política, ni los compromisos programáticos se van a cumplir en esta sensible materia: refundar a Carabineros, una institución profundamente cuestionada por su papel en la represión a la disidencia popular, especialmente desde octubre de 2019, pero además señalada por el multimillonario desfalco que afectó directamente el erario público.
El control de orden público, siendo un requerimiento sensible de amplios sectores sociales, se va diluyendo en la medida que se aleja de la órbita de los espacios urbanos que han vivido procesos de gentrificación. Es en esta franja de comunas y barrios de sectores medios donde la urgencia del control policial -según lo muestran los cientos de horas televisivas de programas noticiosos y misceláneos- se hacen más urgente. La protección de bienes y la integridad de las personas que habitan estas zonas es una narrativa que se expone decena de veces al día, no así en los barrios más acomodados que tienen a disposición una serie de dispositivos que los mantienen más o menos inmunes a la delincuencia.
La otra franja de barrios, las zonas urbanas marginadas, es donde se muestra la habitación del delincuente. Los noticieros y programas de televisión exponen cada operativo y detención en los barrios “calientes” o “rojos”, territorios marcados y estigmatizados que deben soportar los costos de la marginalidad de ciudades segregadas, en que también se vive la delincuencia como una realidad precaria que les afecta, no obstante, las élites las marca como el lugar desde donde surgen sus miedos, cuando ese temor tiene un origen -complejo y múltiple, en el mismo sistema que sostiene la riqueza de la élite.
Es aquí que especialmente carabineros, pero también PDI, surgen como una pieza indispensable del control, esta vez aceptada e invocada por las víctimas -que para el caso son millones de habitantes potencialmente susceptible de la delincuencia- con mayores “facultades”, una idea que los defensores del orden repiten pero que es algo difusa, pues omite que ya existe un marco normativo que protege a los cuerpos policiales facultándolos para la utilización de la fuerza y eventual defensa ante alguna agresión ilegítima.
Siempre es útil tener a la vista aquellos conceptos del control social que le dan sentido al estado liberal: la hegemonía de la fuerza -y la violencia- la concentran las policías, y las FFAA. Para el caso del control de orden público y seguridad, el estado cuenta con un largo y firme brazo operativo y punitivo que, en coherencia con una legislación que se ha ido engrosando en las últimas dos décadas, incorporando nuevos hechos en el catálogo de delitos, además de penas cada vez mayores y severas reprimendas en contra de los infractores, debiera bastar para controlar las distintas formas que adquiere el fenómeno de la delincuencia.
Esta campaña de limpieza de imagen surge de la urgencia que se ha instalado, una operatoria tantas veces observada en la historia de las relaciones públicas, en que una institución defenestrada por las violaciones a los DDHH y la corrupción logra ser revalorada como necesaria en medio de la crisis. Por otro lado, tenemos un gobierno que llegó con múltiples compromisos de democratización, que entre otras cosas señaló como necesario la refundación institucional, que rápidamente cambió el foco al fortalecimiento, y que ad-portas de un nuevo giro, probablemente esta vez se centrará en la reafirmación del carácter “democrático”, “autónomo”, y respetuoso de los protocolos de parte de las policías. Dentro de los reglamentos la perspectiva de DDHH será lo que ha sido por varias décadas, una línea discursiva que se colocará en tensión cuando se evidencia la violencia, o cuando los medios oficiales la muestren en su crudeza, pues convengamos que en caso de la protesta social, el gobierno se ha dejado arrastrar a ese verdadero contubernio que guió las relaciones entre las derechas/Concertación/NM y carabineros, ahora ya sin margen, las renuncias del ejecutivo ha ganado terreno.
Es en este estado de cosas que se hace necesario avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones defensoras de los derechos del pueblo, destacando y relevando una serie de exigencias que también fueron quedando a orillas del camino: la libertad de los presos de la revuelta, la desmilitarización del wallmapu, las demandas y derechos sociales y por supuesto la que creemos urgente, la refundación de carabineros.
Hugo Catalán Flores
CODEPU