Desde hace largos años, existen numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del estado, especialmente Carabineros. Los hechos denunciados han ocurrido en el contexto del conflicto del Estado chileno con el pueblo Mapuche como en el marco de movilizaciones sociales y populares. La grave crisis de derechos humanos ocurrida durante la revuelta popular de octubre del 2019 ratificó la imprescindible refundación de Carabineros como parte de una transformación estructural de las policías. Tal es así que, esa posibilidad se convirtió en compromiso programático del actual gobierno del presidente Gabriel Boric.
Si hasta antes de la revuelta el tema de los protocolos de funcionamiento en el área de control del orden público concitaba cuestionamientos y alertas, lo ocurrido durante y después del “estallido” fue simplemente la demostración que Carabineros violentó sus propios protocolos y procedimientos, ya de por sí muy permisivos desde el punto de vista de estándares de derechos humanos. El accionar de la fuerza pública con resultados de homicidios, torturas, violencia sexual y los más de 400 traumas oculares era inabordable si no desde la refundación de Carabineros, pues su ethos está profundamente comprometido con doctrinas de la guerra fría y en su carácter de policía militarizada, jerarquizada y desconfiada del control civil. La actuación de Carabineros durante el “estallido” es el resultado de una política premeditada de castigo a la población civil que se manifestaba y esto evidenció la responsabilidad de los mandos institucionales y políticos, hasta el más alto nivel, cuestión que en nuestra opinión debe aún ser investigada y sancionada.
Ante la envergadura de las violaciones a los derechos humanos se ampliaron las voces que exigieron cambios estructurales profundos a las policías. Ya no provienen solo de las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales de derechos humanos, las víctimas de la represión o el mundo académico. Los cambios modernizantes que se dialogaban en el seno de las estructuras estatales abren paso, incluso, a propuestas de cambio más estructurales como la señalada por el programa del actual mandatario: “avanzaremos en medidas de Garantías de No Repetición, promoveremos, en el marco de las definiciones constituyentes, una robusta y autónoma institucionalidad de defensa y promoción de los DD.HH.; también realizaremos un proceso de refundación de Carabineros, con el objeto de que el país cuente con una policía subordinada al poder civil, comprometida con los valores democráticos y los DD.HH.” (pág. 140 programa Gabriel Boric).
Desde marzo, con la instalación del nuevo gobierno se espera se avance en la dirección transformadora. Más aún si en paralelo con el término de la etapa resolutiva de la Convención Constitucional, se acordaron normativas que apuntan en el mismo sentido. En la propuesta constitucional se establecen orientaciones taxativas respecto al carácter de las policías y su subordinación a la autoridad política, obligadas al estricto cumplimiento de los estándares de DDHH.
Podemos suponer que al menos, por ahora y hasta después del plebiscito, el programa gubernamental es el parámetro que marca los esfuerzos de políticas públicas. Mas, transcurridos cinco meses, todo indica que el fenómeno de la delincuencia, la ocurrencia de delitos asociadas a bandas trasnacionales y la presión de las elites conservadoras y de derecha, todo amplificado por los medios de comunicación, han terminado definiendo la agenda, restringiendo los márgenes dentro de los cuales el gobierno ha salido a responder con las mismas fórmulas de control del orden público.
Un último capítulo se escribe por estos días. En horas de la madrugada del reciente 9 de agosto, Carabineros operó sobre el Lov Vilo, ubicado en el golfo de Arauco. Disparó bombas lacrimógenas y hubo niños que sufrieron sus efectos. Todos los niños presentaron efectos como convulsiones, vómitos, mareos y uno herida en un pie, a lo que se suman eventuales daños psicológicos producto de haber sido atacados, violentamente, por agentes del Estado. El jueves 11 de agosto se presentó, por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los lineamientos de la “reforma” a Carabineros centrada en una serie de ideas que ya han sido abordadas y exploradas en otras iniciativas de reforma, solo que esta vez no solo se disponen de contenidos inclusivos como perspectiva de género, integración y compromiso de mejoras protocolares, se agrega también una mirada en torno a los llamados “incentivos de ingreso”.
De la refundación como horizonte, pasamos al fortalecimiento de la misma institución que ha demostrado en reiteradas oportunidades que su naturaleza es esencialmente represiva, contenidas en sesgos culturales e ideológicos que no permiten fisurar su integridad.
Será necesario, tarde o temprano, asumir que hay que avanzar realmente en una reformulación profunda de la institución. Una que logre su profesionalización y asegure su subordinación al poder civil, transparente su funcionamiento institucional, incluido sus aspectos financieros, instaure el escalafón único y construir una política de formación en derechos humanos, que sea real y no nominal.
No hay otro camino, pues estamos seguros que las tareas que implican garantizar la paz social requieren una multiplicidad de iniciativas, que van mucho más allá de hermosear el garrote. Al final del día el dolor será el mismo para los que reclaman un mejor vivir.
Hugo Catalán Flores
CODEPU
Agosto 2022