El juicio a la llamada “primera linea” está a punto de concluir. Se inició hace un mes y por estos días se encuentra en la última etapa que corresponde a los alegatos de clausura.
Tras varias audiencias se terminó la etapa probatoria. Presentaron las pruebas el Ministerio Público, es decir la Fiscalía y ha intervenido también el Ministerio del Interior. Igualmente ya han alegado La Defensora Penal Pública, otros defensores y también lo hará Gabriel Ramos, abogado de CODEPU en representación de P.G.H. una de las personas detenidas.
La prueba acusatoria está basada principalmente en declaraciones de los funcionarios aprehensores es decir Carabineros y funcionarios que dirigieron el operativo señala Gabriel Ramos y agrega que “nosotros creemos que en la forma en que ha sido rendida la prueba, no puede atribuírsele la validez que pretende el Ministerio Público, carece de cadena de custodia y más allá de la valoración, hay un tema de forma, que dice relación con evitar que se vulneren derechos de los imputados”.
El abogado de CODEPU señala que el proceso se sustenta en una prueba minima aportada por los propios carabineros, donde no se cumplieron las hipótesis de flagrancia en las detenciones. De allí que el abogado Ramos cuestione lo realizado por el Ministerio Público dado que éste hizo que carabineros declararan respecto a videos, lo que corresponde a un ejercicio que sobrepasa las formas de incorporar la prueba al juicio, pues debieron deponer sobre los hechos que observaron y sobre los cuales tuvieron participación y no sobre videos en los cuales no tuvieron intervención alguna” y agrega que “la fiscalía no consideró el contexto social que se vivía y pasó a ser una organo más que contribuyó a la criminalización de la protesta social”
Ante esto, agrega el abogado “dos posibilidades son posibles: que no se valore la prueba, que es nuestra opinión, o que, se valore pero teniendo presente las falencias que presenta una prueba que se rinde de esta forma y las incongruencias que esto puede generar”
Hay que recordar que marzo del 2020, Carabineros planifica una arremetida, una verdadera embocada en contra de manifestantes que se encontraban en la intersección de Ramón Corvalán con calle Carabineros de Chile. Fue una detención masiva de decenas de detenidos decretados para muchos de ellos la prisión preventiva. El largo proceso judicial que está en su fase final ha dejado en evidencia los yerros del poder judicial y el uso político de la prisión preventiva en el marco de las movilizaciones sociales, pues ésta se aplicó como medida de castigo y control social.
CODEPU está solicitando la absolución de nuestra representada, PGH, pues “creemos que la prueba de cargo, no será suficiente para un veredicto condenatorio, pues se va a plantear una duda razonable que no va a superar el estándar exigido” finaliza el abogado.