Con el fin de la dictadura y el advenimiento de los gobiernos civiles se inicia una transición pactada. Entre varios fenómenos que vivimos en ese tiempo, la desintegración y el desmontaje del movimiento popular, sus organizaciones, coordinaciones y la red de instituciones no gubernamentales, fue una consecuencia notoria.
Los sucesivos gobiernos decretaron e impulsaron la disolución del conflicto usando un potente discurso oficial cuyo centro era el abusivo uso de la palabra reconciliación. Todo, mientras recorrían por el país sentimientos dispares: esperanzas, rabia, dolor, desconfianzas y temor entre otros. La idea era privatizar las luchas, la memoria del pasado reciente anular su presencia y despojarlas de sentido.
Era claro que, en el itinerario diseñado entre la dictadura y las élites hegemónicas y sus partidos, la presencia de un tejido autónomo con altas dosis de conciencia y experiencias de resistencia agregaba un componente de inestabilidad para el pacto que se abría.
En último caso, era el mismo Estado, con sus estructuras administrativas y burocracia formal la que requerían de funcionarios que mostraran lealtad y compromiso con la “democratización” que ofrecían como la gran gesta de la década de los noventa, y muchos de aquellos que aportaron como opositores de la dictadura se sumaron como funcionarios del aparato público.
En una escena de la película chilena, basada en hechos reales, “Pacto de fuga” (2019), la actriz Amparo Noguera interpreta a una abogada de CODEPU llamada Fabiola Pizarro. El personaje está inspirado en la histórica integrante de esta organización Fabiola Letelier. El papel que le corresponde a la abogada, retrata el periodo que está justo en los últimos meses de la dictadura cívico-militar, y muestra simbólicamente el rol de CODEPU –junto a otras varias organizaciones de asistencia legal- en el tema de la prisión política, pero además en la posibilidad de concretar la exigencia de “verdad y justicia”, proceso político que estaba cruzado por la impunidad.
Toda esta dimensión “de oposición” eran una carga que las nuevas autoridades debían abordar con “sentido de estado”, sin molestar a la derecha y los equilibrios de esa transición. Eso explica que rápidamente se optara por la “justicia en la medida de lo posible” y las “reparaciones simbólicas”. Se promueve una memoria “que construye a los protagonistas de sus luchas políticas en dolientes y por esa vía los despojade su fuerza política”. Estas concepciones con el poder del estado y el mercado determinaron muchas de las políticas orientadas al ámbito de los derechos Humanos. De allí a concurrir a Londres a rescatar al dictador hubo un caminar acelerado.
Así, formalmente los gobiernos ajustaron al sistema institucional las normas humanitarias, con la subscripción a pactos y mecanismos internacionales de DDHH, o la incorporación de procedimientos comprometidos con el respeto de la dignidad humana, Se construyó así una institucionalidad nacional de Derechos Humanos que parecía suficiente, pero que mostraba en muchos acontecimientos su carácter limitado.
CODEPU mantuvo un trabajo continuo de asistencia y resistencia que implicó, en la década de 1990, acompañar a los presos políticos y patrocinar acciones judiciales por distintas causas de violaciones a los DDHH, mientras otras organizaciones se desintegraban, reducían y algunos de sus profesionales devenían en funcionarios convencidos que esa transición a la democracia los requería para avanzar y consolidar los cambios.
Pero a la larga los duros hechos decretaron otra cosa.
Entre la década de 1990 y el 2000 hubo tímidos avances en el acceso de justicia al mismo tiempo que la impunidad se acrecentaba y el conocimiento del destino de los detenidos desaparecidos se alejaba entre pactos de silencio, beneficios carcelarios y la impunidad biológica. Todo pese al esfuerzo de los familiares, de los ministros en visita y algunos avances judiciales. Así, se alcanzaron cuotas mínimas de justicia, con gestos políticos centrados en la reconciliación y una reparación limitada.
Hay que reconocer que mismo fenómeno que determinó el destino de muchas organizaciones y profesionales terminó desgastando la labor de CODEPU, desdibujando esa definición de principios que permitió resistir la persecución y muerte en la etapa más oscura de la dictadura.
Es en ese contexto que hacia el año 2018 un grupo de trabajadores y fundadores se plantean seriamente el dilema del sentido de la labor que se estaba realizando. El desgaste era evidente, las oportunidades de avanzar en las causas contra agentes del estado y la dictadura estaban dadas por la entereza de los sobrevivientes y familiares, y los tribunales lograban justicia en la medida de la confesión de algún victimario. Muchas causas estaban suspendidas.
Sin otras posibilidades parecía sensato seguir el camino de otras organizaciones. ¿Qué sentido tenía sostener esa idea fundamental que había inscrito nuestro nacimiento en 1980 la defensa de los “derechos del pueblo”? Para algunos parecía un anacronismo.
La decisión estaba más o menos tomada, era cosa de votar: liquidar el mobiliario y continuar, cada uno por su lado.
Pero hubo un acto colectivo de clarividencia, una deliberación que puso el acento en que mientras hubiera causas abiertas, y perseguidos por luchar tenía sentido continuar, abrir temas nuevos y perspectivas de asistencia. En definitiva, a los pueblos le haría falta CODEPU.
El 18 de octubre de 2019 cambiaron todas las expectativas y la decisión de mantenerse adquirió una significación especial. De pronto toda la experiencia de casi cuatro décadas, una ética y procedimientos probados adquirieron una relevancia superlativa.
Hoy patrocinamos casi dos centenas de querellas y defensas desde iniciada la revuelta. Hemos defendido a periodistas, reporteros y fotógrafos ante los atentados a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Hemos apoyado la defensa legal de comunidades mapuche. También a organizaciones de la diversidad sexual ante ataques de odio. Asistimos a decenas de víctimas con apoyo médico y psicosocial, validando un modo de hacer que ha sido reconocido como precursor y necesario para estos tiempos. y entre tanta represión y violencia estatal CODEPU se proyecta, como un puente entre aquellas experiencias que nos ha traído a este momento.
El 8 de noviembre cumplimos 41 años, y podemos declarar que nos disponemos, como siempre a promover y defender los derechos humanos y acompañar a los pueblos en sus luchas por los derechos que le son propios.
Al fin y al cabo, el horizonte está abierto, y en esa perspectiva CODEPU tiene sentido.
CODEPU