El Consejo Asesor Covid19, el viernes 26 de marzo recién pasado, difundió un comunicado en el cual expresa su preocupación por la crítica situación que presenta el país en relación con la epidemia.
Dicho comunicado plantea la posibilidad de suspender la realización del proceso eleccionario programado para los días 10 y 11 de abril, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos que dicen relación con las medidas que el gobierno debe adoptar para aproximarse a un mayor control de la epidemia en el país.
Sin embargo, haciendo caso omiso a la sugerencia del Consejo Asesor, el gobierno anunció hoy, la presentación de un proyecto de ley para postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo próximos.
Ante dicho anuncio CODEPU se hace un deber señalar lo siguiente:
1.- El ejercicio democrático, en cualesquiera que sean sus variantes y formas, no puede ser una agravante de la situación epidemiológica del país. No es pretexto ni razón valedera la suspensión de los Derechos Humanos fundamentales debido a una situación sanitaria que debe ser atendida por el gobierno y el Estado, quien debe adoptar las medidas coherentes con la evolución y expansión de la epidemia, a tiempo y en forma efectiva.
2.- Es claro y evidente que existe una falta de credibilidad en la población respecto a la oportunidad y corrección de las medidas adoptadas por la autoridad. Desoír las sugerencias oportunas y consejos propuestos tanto por la comunidad científica y médica, como por el Consejo Asesor COVID19, tiene como resultado la crítica situación actual.
3.- CODEPU denuncia la total ausencia de autocrítica por parte de las autoridades e instituciones del Estado, ante las medidas contradictorias y confusas que se han adoptado. Pues se permite y fomenta, sin control de ningún tipo, las masivas salidas de trabajadoras y trabajadores que se aglomeran diariamente en la locomoción colectiva para transportarse a sus trabajos como, asimismo, la apertura de malls y centros comerciales, en lugar de fomentar y contribuir al desarrollo del comercio barrial y minorista como alternativas que impidan el desplazamiento y la aglomeración de las personas en dichos espacios.
Mas allá de lo necesaria que es la actividad educacional presencial, obligar a la apertura de establecimientos educacionales, sin otorgar implementos necesarios para asumir la educación en las mejores condiciones posibles y proveer recursos para garantizar los cuidados a la comunidad educativa, es exponer a los niños, niñas y adolescentes del país a contagios y propagación de la pandemia.
Tan grave como lo anterior es que, desde el comienzo de la crisis sanitaria, las medidas que buscan garantizar ingresos familiares adecuados han sido insuficientes y con enormes retrasos, lo que agrava la situación del conjunto de la población, obligando a los sectores populares a generar precarias formas de ingreso para poder sobrevivir. El mismo desconocimiento de la realidad social de los sectores populares se observa cuando no se garantizan las condiciones de participación en la educación no presencial de niñas, niños y adolescentes que carecen de acceso a internet en el país.
Objetivamente, el desconocimiento de la realidad social de la población es una de las principales causas de la pérdida del control y la trazabilidad de los contagios por COVID19. Por ello responsabilizar a la ciudadanía de la peligrosa evolución de la epidemia es solo un recurso comunicacional que busca eludir las responsabilidades principales.
4.- Valoramos el enorme esfuerzo desplegado por los trabajadores de la salud. La actual situación crítica de la salud en Chile es el resultado de la desprotección del sistema de salud pública; y de responsabilidad de gobiernos que han fomentado la privatización y externalización de los servicios de salud, en lugar de promover el fortalecimiento de hospitales y consultorios, otorgando mejor cobertura, capacidades técnicas y recursos para la atención de las personas. La pauperización del sistema público de salud ha sido una situación que se ha venido desarrollando paulatina y consistentemente desde el momento en que se han instaurado las políticas subsidiarias bajo los gobiernos democráticos, haciendo imposible que las personas con menores recursos puedan acceder a un sistema de calidad, y con suficiente capacidad de atención.
5.- La insuficiente cantidad de camas UCI no es tanto por la progresión creciente de la epidemia, sino más bien de la permanente reducción de recursos necesarios a los hospitales y centros de salud públicos, complementario al aumento permanente de desvíos de recursos a las fuerzas policiales y armadas, para contener las protestas y movilizaciones populares.
Las poblaciones en diversas regiones del país, las ollas comunes, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades mapuches, se han visto cada día más afectadas en el ejercicio de sus derechos, en virtud de un estado de excepción destinado a controlar la epidemia. La afectación de derechos y el incremento de recursos hacia el control del orden público son indicadores preocupantes de que el Estado chileno no está tratando de controlar la epidemia; quiere controlar la protesta social frente a una total falta de credibilidad, a una pérdida de la capacidad de gobernar y de vínculo con la sociedad e incluso a una creciente deslegitimidad.
El Estado chileno es responsable de la más grave crisis y violación a los derechos humanos desde el término de la dictadura. Instancias internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos hemos denunciado lo ocurrido, de allí que nos preocupa que se continúe favoreciendo y fomentando la violencia ante el desacuerdo mayoritario con las acciones ejercidas por una fuerza de Carabineros militarizada que actúa impunemente sin sanciones del Estado.
6.- Hacemos un llamado a los organismos asesores de la sociedad médica y científica, a enfatizar en la crítica objetiva a las ineficientes e incoherentes medidas adoptadas por el gobierno, y proponer un plan de acción en el cual la población organizada sea partícipe de las medidas de control sanitario, sin tener que por ello verse restringida en sus Derechos Humanos. Exigimos a los parlamentarios reaccionar y actuar de acuerdo con las demandas de la mayor parte de la ciudadanía y las facultades concedidas por sus votantes y electores.
Hoy se requiere urgentemente, la participación social y sustantiva, no solamente para contener la epidemia, sino también para generar los cambios democráticos que el país requiere para la restauración de los derechos en el país.
Cualquier decisión respecto a las elecciones no se puede asumir sin antes adoptar medidas reales y efectivas en favor de la salud de la población, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la satisfacción de las demandas más urgentes que garanticen ingresos suficientes al conjunto de la población.
CODEPU
28 marzo 2021
