Una delegación de ciudadanos estadounidenses se encontraba de visita en el país en calidad de observadores del proceso político-social en curso, visitando distintos territorios, intercambiando experiencias con organizaciones sociales y de DDHH –incluyendo conversaciones con integrantes del equipo jurídico de CODEPU-, cumpliendo de modo general las medidas sanitarias que están decretadas para prevenir contagios de COVID.
En ese contexto se trasladaron la semana recién pasada al wallmapu, y en Temuco fueron fiscalizados por funcionarios de carabineros y la autoridad sanitaria comprobando que les faltaban días para cumplir la cuarentena, situación que fue resuelta con el traslado a una residencia sanitaria para terminar con el periodo de confinamiento.
Consignar que se acordó con la autoridad sanitaria que al grupo se le permitiría cumplir esta medida hasta el domingo 20, fecha en la que tienen pasajes para regresar a su país.
Sin embargo, el día domingo 14 personal de PDI llegaron hasta la residencia sanitaria donde se encontraban, para notificarlos del decreto de expulsión inmediata del país aduciendo faltas a la ley y reglamento de extranjería, medida administrativa que emana del ministerio de Interior, y la firma la Intendencia Metropolitana, y que contiene sanciones que pueden llegar a la prohibición para volver a ingresar a Chile.
CODEPU, en atención a lo improcedente de la expulsión y que ésta obedecía a motivaciones políticas, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con una Orden de No Innovar solicitando la suspensión del proceso de expulsión mientras se tramitase el fondo del recurso, acción que está pendientes por parte del tribunal, pero al estar firmado el decreto, la expulsión se llevó a cabo la tarde del miércoles 17 de marzo.
El evidente carácter político de la medida, el hecho de tratarse de un instrumento administrativo del que no opera más que un recurso excepcionalísimo y de causales complejas, hacen casi imposible revertir dicho decreto quedando en manos de la propia autoridad política su reversibilidad.
El gobierno utiliza un instrumento administrativo para cumplir su objetivo de contención y castigo a toda actuación política, social y cultural, como en este caso y, en ningún momento se ha brindado a los amparados la oportunidad de defenderse, lo que representa una violación a garantías, incluso constitucionales. Tanto o más grave es la situación a la que son sometidos los ciudadanos estadounidenses al no cumplirse lo acordado con la autoridad sanitaria respecto a su salida del país, considerando que portaban pasajes de regreso con fecha por cumplirse en poco más de 48 horas.
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