Tras una extensa jornada el Tribunal de Garantía de San Bernardo dictó prisión preventiva para los carabineros, Jonathan Neira Chaparro, Henry Cuellar Vega y Víctor Lastra Marguirott formalizados por el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de torturas calificadas en la persona de Mario Acuña Martínez.
Junto con la tipificación del delito por el cual serán investigados el tribunal dictó la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se consideraron los antecedentes que acreditan la existencia del delito y las presunciones fundadas de la participación de los agentes del estado. Estos dos elementos materiales determinaron la prisión preventiva de Neira, Cuellar y Lastra. El delito existió y su participación está fundamentada.
El carácter de la resolución judicial es de real importancia señalan los abogados, Mariella Santana e Hiram Villagra, ambos de CODEPU, querellante en representación de la familia de Mario Acuña.
“No estamos en presencia de tipos penales que pudieran corresponder a iniciativas privadas, estamos en presencia de un delito por acción del Estado” dice Mariella Santana y agrega que “la tortura es un acto cometido por agentes de estado y en tanto tal es un delito que no solo afecta a la víctima sino a la sociedad en su conjunto. Es un delito grave por quién lo comete: un agente del estado; por cómo lo comete: con abuso de poder y por los motivos por los que lo comete: como castigo a la población”.
El abogado, Hiram Villagra sostiene que la resolución judicial es relevante dado que en ella hay un juicio implícito a las políticas de control del orden público implementadas, pues “carabineros tiene la obligación de proteger a la población y en este caso se invierte el rol de garante que tiene carabineros respecto a la población e incurrieron en un acto que atentó contra la vida de Mario Acuña”. “Es relevante el fallo -afirma el abogado- pues se desarma la tesis peregrina de la defensa que buscaba encubrir la violencia desproporcionada con que actúa Carabineros sosteniendo que Mario Acuña pudo haber sido golpeado por la acción de los propios manifestantes”
El abogado de CODEPU cree que tras la audiencia “las cartas están sobre la mesa y el plazo de investigación de cien días nos permitirá solicitar las diligencias y entregar todos los antecedentes que hagan posible ampliar las responsabilidades penales a otros funcionarios de Carabineros, cualquiera sea su rango”.
Mariella Santana por su parte agrega que dada “las circunstancias en que se cometió el delito las penas son altísimas y se puede llegar hasta presidio perpetuo”.
Mario Acuña, de 44 años, obrero temporero participaba el 23 de octubre del 2019 de una manifestación en la comuna de Buin. Ese día irrumpe en la plazoleta del sector un carro policial. Todo el mundo arrancó. Mario Acuña no logró hacerlo. Luego carabineros abandonaron el lugar sin prestarle la ayuda para que asistiera a un centro hospitalario. Mario como pudo llegó a su casa diciendo que había sido golpeado por carabineros.
Lo ocurrido con Mario Acuña no es un acto aislado de tres carabineros. Hay una directriz de operar con la mayor dureza. Mario fue brutalmente castigado por funcionarios públicos y esto hace parte de una política de castigo, delito agravado en su caso pues a él lo dejan abandonado señalan los abogados de CODEPU, para finalizar agregando que “esto es lo que se investigará y habrá que seguir bregando para alcanzar la justicia en todos las violaciones a los derechos humanos, las de ayer en tiempos dictatoriales y las cometidas a partir del estallido social.
CODEPU
