Chile vive desde hace varios años una creciente movilización social que se ha manifestado para reclamar contra situaciones de injusticia social concretas y para rechazar al modelo socio-económico y a las formas limitadas de participación que imponen una institucionalidad derivada de la dictadura.
La creciente desigualdad social generada tanto por la aplicación de dicho modelo en las últimas décadas y la corrupción que ha generado el sistema político, demuestran la necesidad de cambios sustantivos en las estructuras económicas y políticas de la sociedad.
El pueblo chileno ha expresado con claridad la necesidad de modificar leyes y normas que regulan el sistema educacional, previsional, sanitario y laboral y, asimismo, de cambiar la actual Constitución Política que establece los principios bajo los cuales se sostienen dichas normas y modelo de desarrollo. Ello ha obligado a la élite política a generar un mecanismo plebiscitario para deliberar sobre la necesidad de cambio de la Constitución Política, como forma de enfrentar la enorme crisis institucional, de legitimidad y gobierno, que ha movilizado al pueblo.