El prolongado paro de un sector de los transportistas empresarios ha permitido apreciar -más allá de su rol golpista durante el gobierno popular- la empatía con que ha actuado el gobierno actual con un sector empresarial que levanta como exigencia la misma agenda legislativa gubernamental.
Irritante, por decir lo menos, que se reconozca que “en pandemia personas no puedan tener acceso a remedios, combustibles, calefacción», que se suspendan servicios de encomiendas en el sur del país, y la respuesta gubernamental sea que “hay indicios de obstrucción en las carreteras e indicios de falta de abastecimiento”.
La pusilanimidad gubernamental ante la paralización del transporte contrasta con la dura reacción del mismo gobierno ante las manifestaciones que adhieren a la causa de los huelguistas de hambre del pueblo mapuche y ante las movilizaciones sociales desplegadas a través de todo el país.
El doble estándar es público y notorio. No hay ley anti-barricadas propiciada por el gobierno, que penaliza a quienes entorpezcan el libre tránsito de calles y carreteras, ni tampoco existe la ley de Seguridad del Estado, que tan rápido se utiliza para aplacar las protestas sociales
Esta desigualdad de respuesta es asimilable a la convicción gestada en amplios sectores sociales y populares a través de años de demandas y exigencias: vivimos en una sociedad en que los privilegios y desigualdades son estructurales.
Y es esta convicción la que se encuentra en las razones profundas del estallido social de octubre de 2019. Y son las mismas razones que se anidan en las luchas futuras. Ahí radica la centralidad de cambiar la actual Constitución y forjar una Nueva que garantice derechos sociales, económicos, ambientales, culturales. Derechos que abran paso a un nuevo modelo de desarrollo que incluya y no segregue.
Ciertamente, el proceso constituyente en marcha es el resultado de la larga historia de luchas sociales y populares. Luchas que se expresaron con inusitada fuerza a partir las masivas manifestaciones sociales iniciadas en octubre. Y será precisamente, el vigor de la movilización social la que, acompañando todo el proceso, supere las trabas y sombras aún presentes permita garantizar el pleno respeto a la soberanía popular
Equipo CODEPU