Hugo Catalán Flores
La tarde de este lunes el presidente Piñera señaló en un punto de prensa en La Moneda lo que para su gobierno era una idea central “todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluso cuando esa Constitución y esas leyes no sean de nuestro agrado “. Alguien pudo suponer que se referiría a la evidente infracción de las normas sanitarias impuestas para la realización de los funerales en contexto de pandemia y que él en compañía de más de diez personas infringió en el funeral del obispo Bernardino Piñera.
Sin embargo, el enunciado de esa declaración iba dirigido a las corporaciones del Congreso.
Ha sido tal el impacto de las declaraciones que probablemente la vocera saldrá a puntualizar sobre el alcance de la idea de convocar a “expertos” para establecer la constitucionalidad de los proyectos que son presentados por congresistas, y que avanzan en la tramitación sin la participación del gobierno.
El sistema vigente está pensado como un modelo de colegiación donde el presidente de la república tiene iniciativa, y define cuales son las urgencias especialmente de algunas materias presupuestarias. En un contexto de crisis social lo que debiera ser usual sería que proyectos como el “postnatal en cuarentena” o la “prórroga del pago de servicios básicos” fueran urgencia, pero no piensan así desde el gobierno.
Quien encabeza el poder ejecutivo expuso en su discurso una clara intromisión entre poderes del estado, al sostener que hay vicios de constitucionalidad en las tramitaciones de los proyectos sin la denominación de urgencia o el patrocinio del ejecutivo. Pero esta “disputa” se da en medio de la mayor crisis social y política en el último siglo y requiere también una mirada general que permita observar algunas características.
Habría que señalar que en lo que parece un exabrupto del jefe de estado, se puede identificar parte de una lógica histórica que sectores conservadores en todos sus matices mantienen como una especie de ethos, una recurrencia autoritaria que se da cuando su guion no tiene ni la velocidad ni el sentido que su administración impone.
Si observamos desde una perspectiva general se puede apreciar una crisis de legitimidad y representatividad de los poderes del estado. Es lo que algunos analistas llaman la crisis de las instituciones, y es evidente que ha sido el ejecutivo y el legislativo -pero no las únicas- a quienes se ha cuestionado profundamente desde el año pasado por ser parte de la élite que en muchos sentidos ha dado la espalda a urgencias populares.
Esta escaramuza, que en las últimas horas han salido a contestar los presidentes de las dos corporaciones del congreso, no es un enfrentamiento entre “presidencialistas” y “parlamentaristas”, parece más ser un problema de comprensión de lo que es urgente y vital en un contexto como el que vivimos, donde millones de personas reclaman medios para la subsistencia.
Lo significativo debiera ser que estamos en medio de un ciclo de mayor alcance que se inició con las movilizaciones del año 2019, que abarca todo el proceso pandémico, y que debiera seguir hasta que se elabora y vote una Nueva Constitución.
Esto que comentamos parece más un llamado de atención entre poderes que son parte del problema de credibilidad que señalábamos arriba, y evidentemente su superación pasa por dotarnos de una nueva institucionalidad y un nuevo pacto social que incorpore, entre muchas otras cosas, mecanismo para agilizar la construcción legislativa, pues lo urgente camina por fuera de los palacios del poder.
Junio 23 de 2020