No cabe duda de que Chile ha enfrentado en las últimas semanas la más profunda crisis social y política desde el término de la dictadura. El orden económico que impide la justicia social y un orden político que se mostró cuestionado en sus instituciones están en el trasfondo de las multitudinarias movilizaciones sociales y populares desarrolladas en todas las ciudades del país día tras día.
La respuesta desde el Estado fue declarar, al comienzo, la guerra y su consecuente Estado de Emergencia, lo que trajo consigo una grave y masiva política de violaciones a los derechos humanos que se ha mantenido hasta hoy, pese al levantamiento del estado de excepción.
Hoy se propone un llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que se presenta como un acuerdo histórico. Pero con franqueza debemos afirmar que dicho acuerdo tiene demasiadas sombras y legítimamente merece observaciones críticas.
Las introducciones no son indiferentes dado que constituyen el marco normativo y conceptual que condiciona el texto, las formas, los procedimientos y el tiempo en que se realizan.
En la introducción así entendida hay una equiparación entre el llamado presidencial y la movilización ciudadana, sin explicar las causas que justifican la movilización ciudadana, como si ésta no tuviese en el profundo cuestionamiento del orden económico y político las razones de su movilización. Es una equiparación equívoca pues olvida que tras décadas ese orden económico y político ha sido incapaz de resolver los abusos, injusticias y desigualdades sociales. No se reconoce que la movilización popular es precisamente por la deslegitimación de ese modelo.
Pero hay más. Lo anterior se refuerza cuando los partidos firmantes sostienen que establecerán una salida institucional legítimamente democrática, esto es la Constitución vigente. Olvidando que uno de los roles de la Constitución es legitimante de las normas de inferior calidad, y los procedimientos y medidas se realizarán a partir de la Constitución e instituciones actuales. Hubiese sido mucho más honesto hablar con la verdad. Hubiese sido mejor reconocer que se tenían distintas miradas sobre la Constitución, su legitimidad y diferencias sobre la institucionalidad señalando que a partir de allí se construyeron acuerdos básicos de procedimiento como salida política. Así se podría hablar de consenso y acuerdo que no implica imposición, pero al no señalarse aquello, el resultado aparece como una imposición cuestionable.
Entonces tenemos, que el factor preponderante es el llamado a la Paz del ejecutivo, y como soporte la Constitución y las instituciones vigentes, cosa que es difícil de aceptar pues si fuera así la Constitución y las instituciones tendría sus propios mecanismos para resolver la crisis y no se estaría recurriendo a medidas extraordinarias como las que se proponen.
En cuanto a las medidas y procedimientos se propone un plebiscito en abril del 2020 en que se consulta si es necesario una nueva Constitución y los mecanismos de Convención Mixta o Convención Constitucional. Y aquí hay un tema ideológico, conceptual que no es menor. La Convención Constitucional puede efectivamente ser equiparada a una Asamblea Constituyente. Pero por qué razón no se usa el término como lo demanda la ciudadanía. Pareciese que la imposición semántica responde a imposiciones y vetos de larga data y lo que es tanto o peor, la ciudadanía tiene prohibición de nombrar. Otra vez la opinión de quien está llamado a ejerce el poder soberano se intenta invisibilizar.
Pero además se propone que la elección de la instancia encargada de elaborar una nueva constitución se realice en octubre del 2020. Incorporándola a eventos de elecciones municipales y gobernadores. Uno puede entender que se requiere determinados plazos, y si bien podría sostenerse que el plazo del plebiscito de abril del 2020 puede ser excesivo, realizar la elección en octubre del próximo año ya es bastante largo. Pareciera que lo que se busca es ganar tiempo y descomprimir la movilización social, más aún cuando se les hace coincidir con las fechas de otras elecciones capturando la movilización social que origina la demanda en otra dinámica electoral. Esta sincronización electoral desnaturaliza su carácter especial y relevante, así se relativiza el necesario debate constitucional bajo el fragor de una campaña ordinaria, como un tema más.
Luego el plazo de nueve meses prorrogables por otros tres nos señala con claridad que la nueva Constitución estaría el año 2023. Entonces tenemos que, los cambios legales en torno a una nueva Constitución recién se empezarán a implementar ese año. Entonces lo que ocurre es que se logra descomprimir una crisis política, por lo menos tres años, sin resolver los cambios estructurales que el país necesita para resolver las demandas de nuestros pueblos. La profundidad de la crisis, las urgencias sociales y las transformaciones estructurales que el país requiere se dilatan en el tiempo a riesgo de prolongar una crisis que requiere pronta solución efectiva y real.
Hubiese sido mejor sostener que el país no soporta más la situación y que habría que tomar decisiones urgentes que permitan abordar el tema de la nueva Constitución y una agenda de transformaciones estructurales nítidas y claras que responda a los derechos sociales que la sociedad demanda. Abordar, pero en serio, las grandes inequidades y desigualdades que son el resultado del orden político y económico vigente.
Además, hay un tema insoslayable que no se ha abordado en el Acuerdo que se comenta y que merece tratarse con seriedad, congoja y basado en los principios de la defensa y promoción de derechos fundamentales. Durante el último mes se han violado masivamente los derechos humanos. Todas las cuales no pueden quedar impunes. Los detenidos se cuentan por miles, los heridos también, los mutilados son centenares, y los muertos… No más.
La Verdad, la Justicia y la Reparación son tareas del hoy y los responsables políticos de lo acontecido tienen que asumir sus responsabilidades claramente. Hoy no es tiempo de repetir procesos anteriores “en la medida de lo posible”. Toda la Verdad y toda la Justicia y la necesaria reparación es una exigencia actual, urgente.
Por último -y más allá de muchos temas pendientes en el Acuerdo, desconocidos algunos y otros por concertar entre comisiones paritarias de técnicos o el tema del quórum- lo único que queda claro es que la Constitución nacida en dictadura y reformada en democracia, está viviendo sus últimos meses.
CODEPU