Sobrevivientes, organizaciones sociales y activistas de Derechos Humanos se hicieron presentes en el ex Cuartel Borgoño de la CNI, para rechazar el proyecto de construcción de un nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones, PDI, en ese lugar.
Pese a que los edificios del Cuartel Borgoño fueron declarados Monumento Nacional por ser “el sitio un reflejo de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado” como señala el decreto promulgado en el año 2016, hoy se le pretende destruir para construir nuevas instalaciones.
En el masivo acto, en el cual una cadena humana rodeó el recinto, los participantes exigieron el término de su uso, ocupación y administración por parte de la PDI y su entrega a la comunidad como un bien patrimonial y sitio de memoria histórica.
Los asistentes reiteraron que con su acción de “Mil manos por Borgoño” están exigiendo verdad en todos los crímenes y torturas en dictadura al mismo tiempo que demandando que el Estado cumpla con restituir el sitio a sobrevivientes y a las organizaciones de Derechos Humanos y sociales para transformarlo en un sitio de memoria activo, participativo y abierto a la comunidad.
La destrucción definitiva de las actuales instalaciones significaría borrar las huellas materiales simbólicas de la violación a los derechos humanos. Sería continuar con el negacionismo histórico y un intento más por borrar y ocultar la memoria, señalaban los asistentes y sobrevivientes congregados en el lugar, quienes afirmaban que quienes murieron en falsos enfrentamientos y quienes sobrevivieron eran portadores de un proyecto de justicia social y de sociedad libertaria e igualitaria y participativa.
El Cuartel Borgoño fue un centro de secuestro, tortura y exterminio de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que funcionó desde fines de 1977 hasta el año 1989, y se ubicó en la zona centro de la capital del país, al lado norte del Río Mapocho. En él se concentraron e institucionalizaron las nuevas políticas represivas impulsadas en los años ochenta, en las cuales se perseguía el aniquilamiento por falsos enfrentamientos y menos detenidos desaparecidos. Matar y encubrir el crimen era la practica represiva de la CNI.
