Un grupo de senadores ingresó una moción que busca modificar el Código Penal y castigar con cárcel la filtración de información de causas judiciales reservadas, la cual ha sido denominada como “Ley Mordaza 2.0″. Esta iniciativa ha tenido una férrea defensa de los legisladores patrocinantes y duras críticas por parte del Colegio de Periodistas y de los expertos en comunicación.
La moción que fue presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), está siendo estudiada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
En la instancia legislativa, el senador Cruz-Coke aseveró que: “Lo que no se busca precisamente este proyecto es debilitar la libertad de prensa o la libertad de expresión, sino por el contrario, proteger el debido proceso”.
Por su parte, el senador Pedro Araya, en conversación con ADN, afirmó que las filtraciones “constituyen un problema para la calidad de las investigaciones penales. Este proyecto busca equilibrar el buen funcionamiento del sistema, el derecho a defensa, a la honra y a la libertad de prensa. Establecemos límites a quiénes pueden querellarse porque hoy hay una industria de querellas para acceder a carpetas investigativas sin aportar nada a los casos”.
Precisemos que la moción parlamentaria, en su página 5, agrega lo siguiente: “Sustituyese el inciso final del artículo 226 J por el siguiente: ‘El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo”.
Tras conocer la moción que se discute en la Comisión de Constitución, el Colegio de Periodistas recordó que el acceso a información de interés público está garantizado en la Constitución y en la Ley de Prensa, que consagra el derecho de las personas “a ser informadas sobre los hechos de interés general”. Para el gremio de comunicadores, el proyecto “pone en peligro la libertad de información y de prensa y representa un grave retroceso para el ejercicio del periodismo.
“Aplicar esta medida significará privar a la ciudadanía de tener acceso a información de interés público”, indicó la entidad a través de un comunicado público.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, señaló que desde el gremio de comunicadores han “estado en alerta en los últimos días a propósito de la moción parlamentaria que busca sancionar con penas de cárcel a quienes informan y difundan sobre casos reservados de carpetas investigativas”.
“Nos parece que esto es una vulneración a la libertad de prensa y que es un retroceso justamente para el periodismo de investigación. Queremos recalcar que la sociedad chilena ha podido informarse sobre casos de interés público como el caso Penta, Soquimich, la corrupción del ejército u otros muchos casos a propósito de la labor informativa que han realizado periodistas de investigación. Por tanto, poner sanciones penales a periodistas que investigan estos casos no resuelve de ninguna forma ni la corrupción ni la filtración de las carpetas”, detalló Alondra.
La dirigente gremial calificó la moción como “peligrosa” y “antidemocrática”: “Expone a periodistas a una situación de mayor riesgo y estimula, por otra parte, el acoso judicial como una forma de amedrentar e impedir la cobertura en temas sensibles”.
Alorda enfatizó en que “el periodismo siempre tiene que actuar muy apegado a la ética profesional, resguardando el derecho a la información veraz, oportuna“. Asimismo, recordó que “es importante respetar la dignidad y la vida privada de las personas y que frente a los casos de filtración, el ámbito de investigación o el foco prioritario desde el periodismo tiene que ser el interés público, que por lo demás está bastante establecido en la ley de prensa”.
Una amenaza para el periodismo
En diálogo con nuestro medio, el presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, aseveró que la moción “deja abierta la posibilidad de perseguir a periodistas, porque es vaga e imprecisa en cuanto a los delitos que establece”.
“El trasfondo se puede entender, que es preservar y prevenir la filtración de expedientes judiciales, pero no solo se limita a los que lo filtran, sino que también sanciona a quienes divulguen. Entonces ahí se establece una problemática con el ejercicio del periodismo“, puntualizó García.
Para el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, la moción parlamentaria es una “amenaza”. En ese sentido, sostuvo que la labor periodística ha sido fundamental a la hora de revelar “posibles casos de corrupción, de conflicto de interés, informaciones de interés público, que podrían ser perseguidas si se aprobara esta ley o podría inhibir a los periodistas a publicarlas ante el riesgo o las dudas, porque si bien el proyecto de ley no habla de periodistas, tal como está redactado, tiene un efecto inhibitorio, porque deja esa duda”.
Por lo anterior, García concluyó que el proyecto debería ser reorientado: “La discusión se está dando por la excesiva amplitud de las conductas que considera delito. Hay algunos elementos que ya están previstos en la normativa actual y bueno, si se considera que son insuficientes, se puede mejorar la normativa. Pero es que en este caso se amplía la tipificación no sólo a quien filtre, a un funcionario público, a los intervinientes, sino a todos los que vengan después, incluso a los que difundan”.
Alexis Polo González
Fuente: Radio U.Chile
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