Mariela Santana cuestionó la rotación constante de fiscales en la causa, así como los reiterados allanamientos dirigidos a los hijos de la dirigenta mapuche. «De aquí en adelante esto tiene que cambiar», aseveró.
Este 8 de mayo se cumplen seis meses de la desaparición de la activista medioambiental y dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura, en la comunidad Putreguel, comuna de Máfil. Su desaparición ha generado gran preocupación y movilización de varias organizaciones nacionales e internacionales, pero a pesar de los esfuerzos de búsqueda y las investigaciones en curso, aún no se tiene información de su paradero.
La investigación llevada adelante por el Ministerio Público para conocer el paradero de la activista ha sido bastante criticada por diversos abogados de derechos humanos debido a su lentitud y ha que no se aplicaron criterios esenciales desde el comienzo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mariela Santana, abogada de Javier Troncoso -hijo de Chuñil- y quien representó a la familia de la dirigente mapuche ante el Comité contra la Desaparición Forzada en Ginebra, sostuvo que “hay varios factores que inciden en esta demora”.
La también secretaria ejecutiva de la Corporación por la Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) detalló que: “Una de las cosas que ha afectado el avance de la investigación es que ha pasado, al menos, por cuatro fiscales distintos, cada uno de los cuales ha estado desconectado de las diligencias o de las líneas investigativas del fiscal anterior“.
Asimismo, la abogada puntualizó que “la primera fiscal no abordó la investigación con una perspectiva en derechos humanos”. En esa línea, dio a conocer que las diligencias llevadas a cabo por el actual fiscal del caso, Alejandro Ríos, no han tenido a la vista elementos esenciales de peritaje.
“Por ejemplo, en la búsqueda con drones o con georradar. Hace dos semanas le pregunté al fiscal si se había tenido a la vista un mapa de referencia de cómo era el terreno en donde desapareció la señora Julia, anterior al 8 de diciembre del 2024, él reconoció y admitió que no lo habían tenido a la vista. Eso pone en alerta que esa georreferenciación, esas prospecciones no van a tener ninguna incidencia en la investigación, porque para detectar anomalías con georradar tienes que primero saber qué es lo normal en el terreno, para poder detectar qué es lo que es una anomalía. Vamos a tener que solicitar una nueva diligencia de georradar”, enfatizó la jurista.
Además, Santana cuestionó la pasividad del Ministerio Público ante la denuncia por el asesinato de un caballo y un cerdo de Julia Chuñil el pasado 24 de abril: “Nosotros pusimos la denuncia inmediatamente, adjuntamos las fotos, solicitamos periciar a los animales y en la reunión que sostuvimos con Fiscalía, nos comenta el fiscal que respecto del barraco la muerte habría sido provocada por un mismo funcionario de la PDI, porque estimó o entendió que el barraco lo iba a atacar. Él ya tenía el nombre del funcionario y, en consecuencia, no lo estimó de relevancia”.
“Respecto del caballo, todavía no se hacen las pericias. A esta altura, habiendo pasado casi tres semanas de la muerte y del hallazgo de ese caballo, que no tenía ningún impacto balístico, que no estaba enfermo, que aparentemente fue envenenado, no tenemos ninguna información. Nosotros pedimos que se investigara, se periciara ese caballo, ese animal. Son hechos que llaman poderosamente la atención“, complementó.
Asimismo, la abogada del CODEPU cuestionó que no “exista una experiencia en torno a la búsqueda de personas desaparecidas”.
Santana dio a conocer que se investigó un lugar que servía de refugio a Julia cuando subía al cerro en búsqueda de sus animales. Detalló que ese lugar era una cabaña de madera, y en la parte exterior de esa construcción se realizaron diligencias excavando lo que “al parecer era una fosa en la que en un principio se había encontrado un ternero muerto, envuelto en una bolsa, que no sabemos a qué se debe”.
“Se procedió a excavar nuevamente la fosa, pero nosotros, con la experiencia que tenemos como CODEPU en la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas en dictadura, estimamos que hubiera sido de gran relevancia haber tomado muestras de esa tierra. O sea, si bien no se encontró nada en la fosa, se pudo haber extraído sedimentos de tierra para analizarlos y posteriormente revisar si hay muestras de ADN o restos orgánicos que pudieran corresponder a una persona, eso no se hizo“, informó.
Santana manifestó que le pidieron al fiscal realizar estas diligencias, así como también solicitaron que el principal sospechoso para la familia, el empresario Juan Carlos Morstadt, “no ingrese aún a ese predio y que no realice ninguna intervención en esa cabaña, porque aparentemente iba a ser destruida por este señor”.
En cuanto a las pericias del Ministerio Público al entorno de Chuñil, la integrante del CODEPU dio a conocer que junto a las abogadas Karina Riquelme y Carmen Caifil, que representan a los otros dos hijos de la desaparecida dirigenta mapuche, están trabajando en un amparo en favor de los tres hermanos: “Vamos a presentar un recurso por los innumerables allanamientos de los que han sido objeto de forma bien violenta“.
“De aquí en adelante esto tiene que cambiar, porque la familia ha puesto toda su disposición para colaborar en la investigación y no corresponde que sean ellos allanados en innumerables oportunidades, sean sindicados y estigmatizados como los autores de esta desaparición en circunstancias que hay motivaciones más que suficientes para pensar que hay otros intereses involucrados“, enfatizó.
Consultada sobre las denuncias que realizó la familia en contra del empresario Juan Carlos Morstad, la abogada señaló que las amenazas en contra de Julia Chuñil por parte de Morstad partieron el 2018. No obstante, “no hay denuncias formales que hayan presentado la familia”.
La crítica contra el gobierno de Boric
El Ejecutivo declaró inadmisible la acción urgente solicitada por las organizaciones de derechos humanos y la familia de Julia Chuñil ante el Comité de Desaparición Forzada y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la dirigenta mapuche.
Mariela Santana, quien presentó la acción personalmente en Ginebra, tildó de “impresentable” la respuesta que dio el Gobierno. Sin embargo, expuso que la acción “sí fue tomada con mucha seriedad en el Comité de Desaparición Forzada y que sí está siendo seguida”.
La caminata por Julia Chuñil
A seis meses de la desaparición de la dirigenta mapuche, el espacio Día a Día por Julia Chuñil convocó en Santiago a una caminata desde Catedral con San Martín hasta el Palacio de La Moneda.
En un comunicado, los convocantes de la movilización que se realizó este jueves sostuvieron que “increparemos en sucesivas estaciones a la CONADI, a la Fiscalía, a los tribunales de justicia, al Congreso y La Moneda, en representación de los poderes Ejecutivo, Judicial, y Legislativo, como responsables de la desaparición de Julia Chuñil Catricura y su perro Cholito“.
Para la organización, el Ejecutivo, encabezado por Gabriel Boric, “viola los derechos humanos de Julia Chuñil y su familia al declarar inadmisible la acción urgente solicitada por las organizaciones de DD.HH. ante el Comité de Desapariciones Forzadas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, catalogaron el actuar de la Justicia como “racista, clasista e inoperante”, criticaron al Poder Legislativo por “permitir la impunidad a través de normas y leyes que protegen a quienes han cometido gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al autorizar en forma permanente la ocupación policial y militar de la zona sur del país”.
Por Alexis Polo González
Fuente: Radio U Chile
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