Hoy hemos conocido la sentencia de la Corte Suprema que ordena a la senadora Fabiola Campillai Rojas eliminar sus declaraciones sobre el exfuncionario de Carabineros Claudio Crespo.
Como CODEPU, señalamos categóricamente que el fallo representa un grave retroceso en la garantía de la libertad de expresión y en la lucha por la verdad y la justicia en Chile.
De particular importancia para este caso es la regla, establecida por la jurisprudencia internacional, según la cual la libertad de expresión debe garantizarse no sólo para las ideas que sean favorables o inofensivas, sino especialmente para aquellas que incomodan, inquietan o resultan ingratas para el Estado o determinados sectores de la sociedad. Así lo han establecido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud de la necesidad de resguardar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu democrático.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que la protección de la libertad de expresión abarca incluso expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas, en la medida en que se inscriben en el debate público y contribuyen a la deliberación democrática. Dentro de este ámbito, los estándares internacionales establecen que ciertos discursos reciben una protección especial por su relevancia en la defensa de otros derechos humanos y en la consolidación de la democracia. Entre ellos, se encuentran el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público y la crítica a figuras o autoridades estatales.
El contexto de las declaraciones de la senadora Fabiola Campillai es ineludible: ella es víctima directa de una de las más brutales violencias estatales registradas en el estallido social y ha hecho suya la voz de miles de víctimas, que no tienen voz, que siguen esperando justicia. En este sentido, su cuestionamiento a la contratación por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Maipo (DPP Maipo) en octubre del 2022 a la empresa familiar del ex oficial de Carabineros es a los criterios del convenio, dado que la fama del expolicía nació precisamente por su vinculación con hechos graves de violencia policial y no por otra cosa. Claudio Crespo, ha enfrentado y enfrenta actualmente cargos por graves violaciones a los derechos humanos como el de Gustavo Gatica, no es un ataque personal, sino una legítima interpelación a las instituciones del Estado y su rol en la impunidad que aún impera en el país.
El fallo de la Corte Suprema invoca la honra del recurrente señor Crespo como fundamento para restringir la libertad de expresión de la senadora. Sin embargo, omite un principio fundamental del derecho internacional: las figuras públicas y los agentes del Estado, en especial aquellos que han sido sindicados en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, están sujetos a un escrutinio mayor. La misma Corte Suprema que hoy se escandaliza por las palabras de una senadora ha sido históricamente indiferente a las campañas de difamación y criminalización que han sufrido activistas, periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos en Chile.
Esta sentencia no sólo constituye un acto de censura contra Fabiola Campillai, sino que envía un mensaje peligroso a quienes denuncian la impunidad: que la justicia chilena sigue protegiendo a los perpetradores en lugar que a las víctimas. Es un fallo que profundiza el negacionismo y erosiona las garantías democráticas de expresión y memoria.
Porque la verdad no se borra con una sentencia, ni la memoria se amedrenta con censura.
Este fallo es también una expresión clara del carácter clasista de la justicia que impera en Chile. Mientras quienes ostentan poder y privilegios pueden acceder a resoluciones favorables y protección judicial, las víctimas de la violencia estatal y las personas más vulnerables se enfrentan a un sistema que les da la espalda. La resolución del Ministerio Público que decide no perseverar en la investigación de más de 1.500 causas de violaciones a los derechos durante el llamado estallido social es otro ejemplo de cómo se acrecienta la impunidad.
Lo hemos dicho anteriormente: Existe una justicia para ricos y otra para pobres, una para quienes tienen el respaldo del poder y otra para quienes, a pesar de los obstáculos, insisten en reivindicar la verdad y la justicia. La Corte Suprema, una vez más, inclina la balanza de la justicia hacia quienes le permiten mantener sus privilegios.
Mariela Santana
CODEPU
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