El año 2024 estuvo marcado por diversos desafíos en la lucha por los derechos humanos. Desde CODEPU, se trabajó incansablemente en la búsqueda de justicia, la promoción de reformas estructurales y el acompañamiento a las víctimas.
En octubre, se logró la formalización de altos mandos de Carabineros por delitos de apremios ilegítimos durante el estallido social, un hecho inédito en la historia reciente. En esta causa, CODEPU representa a 23 víctimas. Este avance fue acompañado por la participación en conversatorios sobre memoria, justicia y garantías de no repetición, realizados a cinco años del estallido social.
En conjunto con Amnistía Internacional, desarrollamos un taller sobre derechos humanos y el derecho a la protesta, fortaleciendo capacidades en agentes comunitarios y educativos. Además, realizamos talleres en La Cisterna, promoviendo el conocimiento y la defensa de los derechos fundamentales.
En reuniones con relatoras especiales de las Naciones Unidas, como la de Independencia Judicial, destacamos que el acceso a la justicia en Chile sigue siendo un privilegio, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Presentamos informes sobre el uso del sistema judicial y policial como herramientas de represión, en lugar de protección.
En el ámbito legislativo, colaboramos en la redacción del proyecto de ley integral de reparación para las víctimas del estallido social, presentado al presidente Gabriel Boric el 9 de diciembre. Este proyecto busca garantizar una reparación integral que incluya atención médica, psicológica, rehabilitación, acceso a educación y empleo, y garantías de no repetición mediante reformas al sistema policial y judicial.
Durante diciembre, en un fallo que marca precedentes en libertad de expresión y su defensa, logramos el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Labbé y avanzamos hacia el juicio oral en la causa de la menor de edad A.H.M.. También llegamos a la etapa de juicio oral en la causa por torturas contra Héctor Pérez Catalán, programada para enero de 2025, y logramos la formalización de funcionarios de Carabineros por las lesiones causadas a Carolina Sandoval, fotógrafa de Piensa Prensa. En otro frente, obtuvimos una sentencia de primera instancia en la querella por torturas y otros delitos cometidos contra expresos políticos de Tejas Verdes.
Sin embargo, también enfrentamos retrocesos. En la causa por femicidio frustrado de Alejandra Soto, una sentencia transfóbica absolvió a los acusados. En la causa de Claudio Araya, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación. Además, la muerte por suicidio de Sebastián Méndez, víctima de trauma ocular que esperaba justicia, fue un capítulo doloroso y recordó la urgencia de respuestas efectivas para las víctimas.
Seguimos participando activamente en el comité de seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, exigiendo transparencia en el proceso, la participación de los familiares y demandando información a quienes cuentan con ella.
El 2024, fue un año con mucha interacción con el sindicato Amanda Jofré, con quienes firmamos un convenio y continuamos acompañando sus demandas.
En el plano internacional, el genocidio en Gaza reafirmó nuestra convicción de que la lucha por los derechos humanos debe ser global, enfrentando no solo las violaciones directas, sino también las estructuras que perpetúan la opresión y la exclusión. El secuestro, desaparición y muerte de cuatro niños por la Fuerza Armada de Ecuador nos habla de otra tragedia en un país militarizado y con estado de excepción casi permanente.
Este año fue testigo de un importante reconocimiento: el archivo histórico de CODEPU fue declarado Monumento Nacional, consolidando nuestro legado en la defensa de los derechos humanos.
Hemos extendido el debate en el sur de Chile, en Concepción y Coyhaique, con conversatorios e instancias abiertas a la comunidad.
El breve resumen de nuestras principales actividades no puede dejar de abordar la constitución de laComisión de Verdad, Justicia y Reparación para las infancias abusadas y en la que se excluye a las víctimas de entornos eclesiásticos. Consideramos que con ello no se respeta el informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas respecto de abarcar todos los entornos institucionales.
Finalmente, no podemos olvidar la desaparición de Julia Chuñil, activista mapuche y defensora de derechos humanos, quien lleva 53 días desaparecida. Su desaparición, pone en evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Chile. El Estado chileno tiene la obligación, conforme al derecho internacional y a los tratados que ha suscrito, como la Convención de Belém do Pará, de investigar con la debida diligencia, agotando todos los recursos posibles para dar con su paradero.
No queremos que este caso siga el trágico camino de Macarena Valdés, otra defensora de derechos humanos encontrada sin vida, en un contexto que aún genera preguntas sobre la falta de protección estatal y la violencia estructural contra las mujeres defensoras. La Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos internacionales, establece que los Estados tienen el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, asegurando mecanismos efectivos de protección y justicia.
El caso de Julia Chuñil exige no solo respuestas inmediatas, sino también un compromiso firme del Estado para garantizar la seguridad de las defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas, abordando las causas estructurales que perpetúan su vulnerabilidad.
El término de cada año, es una ocasión para recordar las luchas históricas por la dignidad, la justicia y la igualdad. En Chile, este día resuena con especial fuerza debido a las profundas heridas que aún persisten: las atrocidades cometidas durante la dictadura cívico-militar y las violaciones masivas a los derechos humanos en el marco del estallido social de 2019. Ambas etapas de nuestra historia nos llaman a reflexionar sobre la necesidad de consolidar una institucionalidad en derechos humanos que esté a la altura de las circunstancias y de las demandas de las víctimas.
Necesitamos instituciones que adopten una perspectiva de derechos humanos en todos sus niveles. Esto implica no solo actuar frente a las violaciones cometidas, sino también prevenirlas, transformando las estructuras que perpetúan la exclusión y la violencia. La labor de los defensores de derechos humanos y de organizaciones como CODEPU ha sido fundamental para suplir las falencias de un Estado que históricamente ha fallado en garantizar justicia para las víctimas. Sin embargo, esta tarea no debería recaer únicamente en la sociedad civil. Una institucionalidad sólida en derechos humanos debe asumir plenamente esta responsabilidad, integrando estándares internacionales y asegurando que ninguna víctima quede desamparada.
Mariela Santana
CODEPU
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