“Chile debe alinear su Constitución con las normas internacionales de derechos humanos para garantizar plenamente el derecho a la salud para todos”, indicó hoy Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, tras una visita oficial de diez días al país que concluyó hoy.
“Escuché en repetidas ocasiones el preocupante sentimiento de que, en Chile, la salud no es un derecho, sino un negocio”, dijo Mofokeng. “Los grupos poderosos que representan intereses creados en el sector de la salud con fines de lucro tienden a funcionar sin las necesarias salvaguardias de los derechos humanos en Chile”, añadió.
Según la experta, los largos tiempos de espera en los servicios de salud se convirtieron en uno de los principales problemas tratados durante la visita, con millones de personas esperando diagnósticos, estudios y tratamientos.
“Médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud denunciaron cargas de trabajo y niveles de estrés insostenibles, agravados por la frustración de los usuarios ante estos retrasos”, afirmó.
La atención de salud mental sigue siendo una preocupación importante en Chile y se convirtió en el hilo conductor de todas sus conversaciones durante la visita, dijo la experta.
Mofokeng citó el aumento de la demanda de servicios debido al trauma intergeneracional de la dictadura, la militarización de las tierras indígenas y las lesiones sufridas durante el estallido social de 2019. Pidió que se aumentara el número de profesionales psicosociales y se reforzara la psiquiatría de base comunitaria para la intervención y el tratamiento precoces.
CODEPU, fue una de las organizaciones que se reunió con la Relatora en la sede de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 29 de noviembre. En el encuentro CODEPU puso especial atención en el tema de la salud integral de quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el llamado estallido social.
María Elena Ahumada, psicóloga de CODEPU, señaló “en Chile, no contamos hasta ahora con una ley de reparación integral. Respecto de la salud mental, muchas de esas personas víctimas no han podido tener acceso adecuado a atención psicológica o psiquiátrica, que como usted sabe, es esencial no solo como forma de reparación del daño causado, sino porque sus secuelas se mantienen en el tiempo, perpetuando el daño psíquicoy la revictimización”.
Es urgente, señaló la psicóloga “la necesidad de instalar en nuestro país, programas de reparación médica y psicosocial, con personal profesionalizado en derechos humanos, para avanzaren el proceso de reparación a las víctimas del estallido social”
María Elena Ahumada subrayó que “se precisan espacios donde cada persona afectada pueda hablar y reelaborar su propia historia, donde cada proceso sea atendido y sostenido singularmente. La urgencia de atender a esta situación requiere de la formación de los profesionales médicos y no médicos que garanticen el cumplimiento de lineamientos desde la promoción y difusión de derechos humanos, superando ciertas malas prácticas que solo psicologizan y psiquiatrizan el sufrimiento psíquico y social convirtiéndolo en merasestadísticas sobre el tema”.
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