La revuelta social de octubre de 2019 tiene sus raíces en distintas manifestaciones sociales previas que venían denunciando desigualdades, injusticias de todo tipo y un cuestionamiento a las elites empresariales y políticas y las instituciones.
Octubre evidencia el agotamiento de un proceso de construcción de la democracia iniciado al finalizar la dictadura civil-militar. Amplios sectores populares esperaron largo tiempo las promesas de igualdad y justicia social que nunca llegaron mientras un reducido grupo de empresarios y los estratos de altos ingresos concentraban y concentran el poder político y económico.
Fue la reacción digna ante los problemas estructurales que unió a millones de personas como una gran fuerza.
La revueltas social iniciada en octubre del 2019 fue la forma en que se reivindicó el derecho de un pueblo a tomar el protagonismo de su devenir histórico, demandando el cumplimiento de las promesas de la democracia y exigiendo el pleno respeto de su dignidad y de sus derechos. La revuelta tuvo como principal característica haber unificado una serie de demandas sectoriales y transformarlas en un cuestionamiento profundo al modelo imperante.
Hoy es indignante observar a los grupos empresariales y ciertos grupos políticos, especialmente la derecha y los grandes medios de comunicación, tergiversando y criminalizando lo que fue una movilización legítima y genuina.
A más de treinta años del inicio de los gobiernos civiles, la herencia de la dictadura, principalmente su modelo económico, continúa reproduciendo los privilegios de unos pocos y la exclusión de amplios sectores de la sociedad. El sistema político no contempla una participación efectiva de la población y se limita a promover elecciones periódicas en las cuales el poder del dinero y la concentración de la propiedad de los medios de comunicación son determinantes.
El enorme despliegue que realizan las élites económicas y sus representantes políticos por criminalizar y satanizar la experiencia social y política desarrollada por las grandes mayorías populares es una señal de que las fuerzas sociales, en su movilización y demandas, se estaban encaminando en el sentido correcto.
No debemos olvidar que, en las ciudades, pueblos y plazas de nuestro país se respiró esperanza y convicción de que las transformaciones eran posibles. Miles de cabildos territoriales, marcha de un millón y medio de personas en Santiago y más de dos millones en otras ciudades, conciertos musicales, cacerolazos, conformación de equipos de salud y protección, la llamada primera linea, medios alternativos y comunales informando de las actividades y denunciando la violencia estatal, la huelga general del 12 de noviembre convocada por las organizaciones sociales, en fin un torbellino de organización y lucha social.
Tampoco debemos olvidar la represión que se desencadenó contra la población que se manifestaba. La represión y criminalización fue brutal. Las más de diez mil denuncias de violaciones a los derechos humanos son muestras de la violencia institucional ejercida. Cinco años después, quienes sufrieron la inhumana acción de los agentes del estado siguen esperando por verdad, justicia y reparación integral. El Estado de Chile tiene la obligación de promoverlas y realizarlas.
El movimiento social y popular debe reflexionar sobre dicha experiencia habida consideración que las condiciones que la generaron, los derechos conculcados, los abusos y promesas incumplidas se mantienen. Hoy es urgente aprender las lecciones de las movilizaciones y la revuelta para generar espacios de unidad y continuar la lucha por derechos sociales, dignidad y las transformaciones estructurales urgentes. Con mayor razón cuando asistimos a mayores desigualdades y privilegios. Muestras de ello lo constituye el cuestionamiento a las instituciones, el caso Hermosilla que devela cómo funciona la elite dominante, el voluminoso sueldo de Marcela Cubillos y tantos otros ejemplos que nos hablan de corrupción e impunidad.
Lo reiteramos, las causas que motivaron la revuelta popular siguen latentes, las aspiraciones a la justicia social son consustanciales al ser humano. Son millones los que reclaman salud de calidad, pensiones dignas, vivienda, trabajo decente. Cientos de miles de profesionales que aspiran a trabajar en lo que estudiaron. Son millones los que se indignan por las injusticias y los abusos. Y la unidad y la lucha por justicia y las transformaciones que el país requiere son y serán siempre objetivos legítimos.
CODEPU
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