Es una de las demandas más vociferadas por la derecha y las élites, una pretendida medida excepcional que permitiría -casi por el solo hecho de ser decretada- controlar situaciones de orden y seguridad, especialmente las que se relacionan con el crimen organizado.
La efectividad y eficacia del decreto de estado de excepción siempre está en cuestión. El que un territorio quede bajo la supervisión de un oficial de las fuerzas armadas, con una serie de potestades que limitan derechos políticos y ambulatorios, es de las más gravosas que posee cualquier ordenamiento jurídico, es una especie de ultimo ratio, que se aplica en situaciones de profunda conmoción, desorden o caos. En general es una medida con la que los estados que se precian con compromisos democráticos no debieran usar, pero aquí estamos, en un debate en que seriamente se la está considerando, sumando apoyos transversales en el espectro político. En todo caso, en el Wallmapu lleva vigente más de dos años -desde el 16 de mayo de 2022-, con alrededor de 50 prórrogas aprobadas por el congreso, éste es el mecanismo que se pretende invocar para ciertas zonas “calientes” -se dice que será acotada a los territorios populares- y afectaría a millones de habitantes, en la Región Metropolitana.
Normativamente este es un instrumento jurídico que se contiene en la Constitución entre los artículos 39 al 45, pero es importante reparar en su fundamento doctrinario, y que en su carácter extraordinario se le asimila al estado de necesidad, a aquellas circunstancias que permiten utilizar medidas que en situaciones de “normalidad” no se tolerarían, es una herramienta en que potencialmente se suspenden derechos de los habitantes de un territorio, usaremos una metáfora lamentablemente habitual en cierto discurso reaccionario, pero en este caso permite entender de qué hablamos: el cáncer siendo una terrible dolencia, su tratamiento, entre varios, más efectivo es la radioterapia en que el cuerpo es bombardeado por una radiación que elimina el tumor, pero a la vez también a las células sanas. El Estado de excepción pretende ser, en último caso, el tratamiento que elimina todo en su paso para controlar aquello que daña al cuerpo, esos tejidos son los derechos y garantías que permiten la vida cívica, el desarrollo de los pueblos que, con el tratamiento, también se les mata.
Al parecer el gobierno se está dejando arrastrar en esta vorágine interesada, histérica y reaccionaria para contener una denominada crisis de seguridad, que es más expresión del miedo que de la racionalidad, motivados por los dramáticos hechos delictuales del fin de semana pasado. El tema de seguridad pública es un tema que es necesario abordar, pero hay que entender que sus causas son múltiples, complejas y están vinculadas a un “modelo económico social” que tiene resultados como las desigualdades y las faltas de expectativas. Se requieren medidas inmediatas y de largo plazo. En todo caso, las estadísticas en términos totales aún se contienen en una meseta comparados con el año 2023, por ser delitos de mayor impacto social, por cierto, el estado debe dar respuesta con los recursos y normativas sin nunca perder el horizonte de respeto de los derechos del pueblo.
Si la administración y el conjunto del estado finalmente transita por exclusivamente punitivo y restrictivo de los estados de excepción, iremos a la consolidación de una situación inaudita y reprobable, la que una administración que entró con un discurso respetuoso de los territorios y sus habitantes, se convierta en el mayor invocador de la herramienta de los reaccionarios desde la década de 1990, con una evocación inevitable a la dictadura, que es el régimen que habitualmente utilizó este instrumento de modo extensivo y permanente.
Hugo Catalán Flores
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