NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CHILE

Un reciente informe del Poder Judicial advirtió sobre el hacinamiento en casi el 40 por ciento de los hogares de menores con administración directa del Estado. Las residencias estarían sobrepobladas. Ello refleja la crítica situación en la que se está atendiendo a un número significativo de niños, niñas y adolescentes y  las condiciones de riesgos a las que se ven expuestos, en términos físicos y emocionales, producto del hacinamiento.

Esta información difundida por estos días, nos permiten introducir un informe elaborado por Pablo Miranda Cortés, trabajador social y colaborador de CODEPU. El informe hace un seguimiento de los compromisos asumidos por el gobierno y el conjunto del estado en torno a la infancia y la adolescencia.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS POR EL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC EN LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2023 RESPECTO LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

ANTECEDENTES:

El estado de Chile ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño el año 1990, a meses de haber asumido el Presidente Patricio Aylwin, siendo aprobado en forma unánime por el Congreso Nacional. Esto significaba que el estado de Chile debía adoptar las medidas legislativas y administrativas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos por los niños, niñas y adolescentes del país. Estamos por cumplir 34 años desde que entró en vigencia la Convención y aún existen enormes brechas entre lo que se ha avanzado y lo que se debería estar realizando por la infancia desde una perspectiva de derechos, lo que aparece con claridad en las observaciones que hace el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas a todos los informes que ha presentado el estado de Chile en dicha instancia.

La retórica de todos los gobiernos ha sido inconsistente con la práctica, persistiendo una mirada tutelar por sobre la efectivización de los derechos de la infancia, la que se ha manifestado con mayor fuerza en los gobiernos de la derecha.

El gobierno actual ha expresado compromisos con la infancia y, en la última cuenta presidencial del 1 de junio de 2023 se dieron conocer algunos avances y los énfasis para este periodo.

En este informe se abordará cual ha sido el cumplimiento de los compromisos contraídos.

AVANCES DESTACADOS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2023

Entre los logros presentados en la cuenta realizada el 1 de junio de 2023 está la publicación de la Ley 21430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que fue promulgada el 09 de marzo de 2022 y publicada en el diario oficial el 15 de marzo del mismo año, vale decir es una iniciativa que se aprobó en el gobierno anterior correspondiéndole hacer efectiva al gobierno actual. En este sentido se inscriben los 25 compromisos adquiridos por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, denominado Plan de Protección de la Vida de Niños, Niñas y Adolescentes, correspondiéndole a tres ministerios tener una mayor incidencia en la implementación del Plan (Salud, Educación e Interior), sumados a Desarrollo Social que asume el rol de articulador. En los aspectos formales se muestra como logro que la Ley de Garantías establece la dictación de siete reglamentos para dar contenido normativo a lo que en ella se dispone. Al respecto, los primeros seis reglamentos fueron dictados el 15 de septiembre del año 2022, cumpliendo con lo estipulado en el artículo tercero de las disposiciones transitorias de la norma. El último reglamento, que establece los procedimientos para llevar a cabo las funciones de las oficinas locales de la niñez, en particular al procedimiento de protección administrativa, fue dictado el 14 de marzo de 2023, también en regla con los plazos indicados en la ley. Como es posible constatar el énfasis de la información entregada dice relación con aspectos formales que no dicen relación con aspectos sustantivos sobre la situación del ejercicio de los derechos de niños y adolescentes.

LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2023:

En la presentación de la cuenta pública el gobierno adquiere los siguientes compromisos por la infancia:

I. Definiciones estratégicas ministeriales 

1. Ámbitos de acción. 

a.  Fortalecer la política de desarrollo social hacia una perspectiva de derechos y universalidad. 

b.  Implementar un ecosistema digital de datos sociales y ventanilla única.

c.  Avanzar en protección integral de derechos de la niñez y adolescencia.

2.  Objetivos estratégicos. 

a.  Diseñar e implementar el Sistema Nacional e Integral de Cuidados. 

b.  Desarrollar un enfoque transversal de inclusión que permee el conjunto de la política social. 

c.  Integrar la oferta global y articular los programas sociales con base en los principios de universalización, inclusión, equidad y cohesión social. 

d.  Avanzar en dar respuesta a los pueblos indígenas fomentando el buen vivir. 

e.  Modernizar la gestión digital para retomar el rol de planificación y articulación estratégica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

f.  Abordar la situación crítica de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo protección especializada. 

e.  Implementar el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Implementar el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia:

Con este fin se plantea que en la Programación para el período 2023, se dará énfasis en:

Abordar la situación crítica de los niños, niñas y adolescentes bajo protección especializada

A partir del segundo trimestre de 2023, el Servicio de Protección Especializada, iniciará el proceso gradual de transformación de la oferta programática, la que busca asentar la instalación de una nueva mirada integral en la atención de los niños, niñas y adolescentes, generando una atención de calidad para todos aquellos que se encuentren en desprotección y vulneración de derechos, indistintamente de su raza, religión, género y condición social y económica, implementando plazas de programas establecidos en la Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido por el nombre de Mejor Niñez, como servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Además de impulsar el funcionamiento de dicho servicio los compromisos, consideran la ejecución del Programa de acompañamiento a la identidad de género y a la transversalidad del enfoque de género favoreciendo la inclusión de niños, niñas, y adolescentes trans y/o de género no conforme. 

También se propone la realización de un Consejo Consultivo Nacional, con la participación de niños, niñas y adolescentes representantes de las distintas regiones del país con el fin de incorporar la Participación de la Infancia y Adolescencia en todas las políticas, programas e iniciativas que les afecten o incumban.

Se incluyen como compromisos continuar profundizando con el programa Chile Crece Contigo, la sistematización de experiencias de abordaje y propuesta de un modelo de intervención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, desarrollar un estudio diagnóstico para identificar las situaciones de violencia institucional hacia la niñez y adolescencia mapuche, en línea con el programa de gobierno, y avanzando en el cumplimiento de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes del pueblo mapuche, la población en situación de calle, mediante un nuevo pacto social con foco en personas mayores y familias con niños y niñas a su cargo.

Para cumplir con estos compromisos, la Dirección de Presupuesto destina recursos para la continuidad de 202 Oficinas Locales de la Niñez, que buscan la prevención de vulnerabilidades en el desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes, y para la implementación de 68 nuevas OLN a nivel nacional. El Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes que se anunció en la Cuenta Pública de 2023, e involucra el financiamiento de distintas iniciativas que serán implementadas por diferentes instituciones a nivel nacional, estructuradas en 6 dimensiones, correspondientes a Educación, Familia y Protección, Participación Infantil, Salud Mental, Comunidad y Entorno y Grupos de NNA con Protección Reforzada. En el proyecto de ley de Presupuestos 2024, se consideran recursos para el Voluntariado País de Mayores, Escuelas Abiertas, Turismo Familiar, Prevención comunitaria de consumo problemático de alcohol y otras drogas, Acción Local, Recuperación de Barrios, FONDEPORTE, Deporte y Participación Social y Diagnóstico participativo de NNA. Adicional a las iniciativas presentadas, se consideran $10.121 millones para los Programas de Apoyo a la Salud Mental Infantil y Habilitación de Espacios Públicos para la Infancia (HEPI)

Junto a estos compromisos centrados en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia está la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, encargado del sistema especializado para adolescentes infractores de la ley penal, dependiente del Ministerio de Justicia que comenzó a funcionar en enero de 2024, haciéndose cargo de las regiones del norte país, vale decir Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Las otras regiones del país siguen a cargo del Servicio Nacional de Menores, las que se irán traspasando paulatinamente al nuevo servicio. 

Por último, recientemente el 30 de abril de este año el Comité Interministerial aprueba por unanimidad la nueva Política de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032, cuyo propósito es realizar un trabajo intersectorial que priorice el bienestar integral de la niñez y adolescencia, acompañando su desarrollo en todo el ciclo vital y mejorando las condiciones político-institucionales que permitan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para este fin se incorporan 4 ejes (supervivencia, desarrollo, protección y participación) y 10 objetivos estratégicos que permitirán mejorar las condiciones para el ejercicio efectivo de sus derechos, tales como: condiciones en salud, vivienda, educación, espacios para la recreación, programas de protección social, entornos positivos para el desarrollo y aumento de la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en todo el país. 

REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO PASADO:

Los compromisos que se propuso el gobierno y sobre los cuales damos cuenta precedentemente, serán sometidos a evaluación oficial en la cuenta del 1 de junio de este año. Desde la mirada de CODEPU es posible señalar que los compromisos constituyen una serie de enunciados de buena voluntad, muchos de los cuales han sido reiterados desde cuando el estado de Chile promulgó la Convención Internacional sobre os derechos del Niño como una ley de la Republica.

Existen varios nudos que no se han resuelto y que se repiten invariablemente, como, por ejemplo, a saber, la incapacidad que ha tenido el Servicio de Mejor Niñez para responder satisfactoriamente a sus desafíos. Este servicio inició su funcionamiento en el Gobierno de Piñera donde imperó la lógica tutelar patriarcal por sobre la de hacer efectivos los derechos de la infancia dejando orientaciones técnicas y directivos que obstaculizan algunos cambios, sumado a las insuficiencias de los nuevos directivos incorporados. Es así como se han declarado nulas varias licitaciones, lo que afecta la atención de los niños en los distintos programas y sigue prevaleciendo la variable de rendimiento de los recursos financieros aportados a las instituciones acreditadas por sobre criterios técnicos. Han existido denuncias de favoritismo político en la asignación de las licitaciones en algunas regiones como la del Biobío, o el cierre de algunas instituciones colaboradoras de reconocida trayectoria y compromiso con los derechos de la infancia, como es el caso de la Casona delos Jóvenes.

Es sensible como en temas de reparación del daño a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato, abuso y explotación sexuales exista todavía presiones para que las plazas financiadas tengan una mayor productividad, por sobre la reparación del daño. 

Otro aspecto sensible es que, reconociendo la importancia de la familia en la protección de los derechos del niño, en muchos casos es la propia familia la vulneradora, lo que lleva a procesos largos y complejos para intentar una re-vinculación familiar, correspondiendo en dichos casos a que sea más efectivo la búsqueda de familias sustitutas, o, como señala el Psiquiatra Jorge Barudy, experto reconocido en el tema, a lograr que tengan tutores resilientes que brinden buen trato a la infancia.

A pesar de la existencia del Comité Interministerial que tiene por finalidad articular las distintas iniciativas del Compromiso por la infancia, se sigue evidenciando que el trabajo intersectorial presenta dificultades, muchas por el excesivo celo en las distintas metas de cada servicio, la mayoría asociadas a incentivos de desempeño funcionario.

Al respecto, los aspectos que aparecen con mayor dificultad, además del Servicio de Mejor Niñez, dicen relación con los problemas que se presentan en el ámbito de la educación, en donde algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) no han dado respuestas satisfactorias a las necesidades de los estudiantes, tanto en materias de infraestructura, cuerpos docentes y cupos en los diferentes cursos. Esto ha llevado a que el traspaso de los colegios municipalizados a este nuevo servicio se lentifique y que exista una ofensiva de los sectores conservadores para revertir este proceso. Lamentablemente los problemas de gestión de algunos servicios locales y la falta de proactividad de los responsables del Ministerio de Educación para resolverlos se traducen en el desempeño de los niños y adolescentes que deberían recibir educación de calidad.

Respecto a la salud mental de la infancia, los recursos que se incluyeron en el presupuesto del año 2024 no han logrado tener efectos significativos en la atención especializada de los niños, aunque exista una mayor preocupación por avanzar en esta problemática.

En relación con los adolescentes infractores de la ley penal, la puesta en marcha del nuevo servicio en las regiones del norte del país ha tenido algunas dificultades que llevaron a declarar desierta la primera licitación y concluir con asignación a instituciones acreditadas mediante la asignación directa. Al respecto se ha diseñado una metodología de intervención acotada y con ciertos niveles de rigidez que dicen relación con obtener resultados medibles y verificables, donde los aspectos subjetivos que están relacionados con la comisión de delitos por adolescentes estarían subvalorados, por tanto, será necesario que observadores independientes de los actores formales puedan ir evaluando su implementación.

Un aspecto que siempre ha sido postergado es hacer efectivo el derecho a la participación de la infancia y adolescencia en los aspectos que le conciernen, lo que tiene como respuesta la creación de instancias consultivas que, tal como lo indica su nombre, limita la participación a la mera expresión de opiniones, sin que sea efectiva la posibilidad de decidir e incidir en los temas que les conciernen.

Por último, existe un aspecto que no está entre los Compromisos con la Infancia que fueron presentados en la cuenta pública, pero que en opinión de CODEPU, deben ser abordados con parte de la deuda del estado con los niños, niñas y adolescentes. Nos referimos a las víctimas de SENAME, y la necesidad de que exista seguimiento desde las organizaciones de derechos humanos al grupo preparatorio de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas de SENAME, constituido a inicios de este año e integrado por representantes de UNICEF, Ministerio de Justicia y Defensoría de la Niñez, los que deben entregar las bases técnicas y administrativas para que entre en funciones dicha Comisión durante el año 2025.

Pablo Miranda Cortés

Trabajador Social

CODEPU

______-Mayo 27 de 2024.