CODEPU condena decisión del Estado de poner fin a pensiones de gracia para víctimas de trauma ocular

Chile vivió la más grave crisis de derechos humanos en el contexto del estallido social. En su momento, denunciamos la política de castigo desplegada por el Estado que causó generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas por los  agentes del estado. Las muertes, los traumas oculares, los heridos y lesionados, el abuso de la prisión preventiva fueron practicas de esa política represiva.

Las víctimas de la represión estatal aún esperan por justicia, por verdad y por reparación.  Las 418 pensiones de gracia no se corresponden a una verdadera política de reparación. El actual gobierno implementó una serie de encuentros regionales con quienes sufrieron la represión con el objetivo de elaborar una propuesta de reparación. Ello no ha ocurrido.  

Es cierto que, los sectores más conservadores, la derecha política y económica se opone y cuestiona toda política reparatoria. Es contraria a toda política que amplie derechos sociales. Ello no nos sorprende. 

Pero es evidente,  que  por parte de las autoridades, hay una renuncia a la agenda de derechos humanos. A las declaraciones recientes, por parte del oficialismo, referidas a quien encabezara el estado en tiempos de la estallido social se agrega otra grave situación.  La  ministra del Interior, afirmó en su momento,  que  las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas de trauma ocular se mantendrían pues corresponden que así sea, ante la gravedad del daño causado por los agentes del estado. Hoy esas pensiones se han dejado sin efecto. Así lo denuncian víctimas de trauma ocular quienes han comprobado que en el presente mes no recibieron el pago correspondiente.

El cese o suspensión de las pensiones de gracia es extremadamente grave. No tiene consideración con las víctimas, se les retraumatiza  y es contraria a lo afirmado por el propio gobierno, además que, transgrede   obligaciones de derechos humanos en materia de justicia y reparación, lo que compromete su responsabilidad ante la comunidad internacional.

CODEPU presentará todas las acciones legales que permitan revertir esta errónea decisión. Denunciará la gravedad de lo acontecido a los organismos internacionales. Y condena  que el poder ejecutivo renuncia a una agenda de derechos humanos imprescindible hoy en día.