Patricia Silva López, presentó una querella por asociación ilícita e inhumación y exhumación ilegales de su abuelo, Manuel Silva Carreño, obrero agrícola detenido el 29 de noviembre de 1973 desde su domicilio en el Asentamiento Arco Iris de Paine por funcionarios de Carabineros.
Silva Carreño fue detenido por funcionarios policiales, quienes minutos más tarde detuvieron en el mismo asentamiento a Ángel Navarro González. Ambos fueron trasladados en un furgón policial a la Subcomisaría de Paine, donde permanecieron un par de horas y luego fueron conducidos a la Escuela de Infantería de San Bernardo y de ahí al recinto militar de Chena, donde se procedió a su ejecución logrando sobrevivir Daniel Navarro, quien atestiguó sobre lo ocurrido.
La querella persigue que se investiguen las circunstancias y se sancione a los responsables de la organización y materialización de la inhumación y exhumación ilegales, ésta última, llevada a cabo en el marco de lo que sus autores denominaron “Operación Retiro de Televisores”, ejecutada entre fines de diciembre de 1978 y los primeros meses de 1979, con la finalidad de hacer desaparecer en forma definitiva las osamentas de víctimas de violaciones a los derechos humanos inhumadas clandestinamente a lo largo del país.
Patricia Silva señala en la querella que “puede estimarse que mi abuelo fuere un ejecutado extrajudicial, sin embargo, su cuerpo no ha sido entregado a la autoridad correspondiente, ni tampoco dejado en un sitio para su hallazgo posterior, sino que su cuerpo fue ocultado junto al de otras víctimas, ya sea siendo enterrado ilegalmente, arrojado al mar u otras situaciones similares”.
En el año 2001, señala la querella, “se constituyó la jueza con dedicación exclusiva doña Cecilia Flores Sanhueza en el Recinto Militar del Cerro Chena, a fin de iniciar búsqueda en causas de detenidos desaparecidos, a los pocos días se encontraron las primeras osamentas. Las cuales fueron derivadas a la Universidad de Chile, en cajas rotulada como “Cerro Chena”. Transcurridos 22 años, los organismos de derechos humanos y familiares tomaron conocimiento de la existencia de 89 cajas de restos óseos sin periciar. Algunas de las cajas estaban marcadas con los lugares en los que fueron obtenidos, tales como Pisagua, Cerro Chena, Linares y otros.
La acción judicial junto con solicitar se investigue e identifique a todos quienes resulten responsables de los delitos de asociación ilícita, inhumación e inhumación ilegales y requiere se oficie al Servicio Médico Legal, a fin de que dé cuenta respecto del proceso de identificación de los restos óseos humanos contenidos en las cajas rotuladas como “Cerro Chena”.
Las abogadas patrocinantes de la querella son Mariela Santana Machuca de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU y Alejandra Arriaza del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS.
La abogada de CODEPU, Mariela Santana señala que «con la querella se abre un camino para investigar la inhumación y exhumación ilegales y solicitar diligencias de búsqueda que, de otro modo, sería imposible judicialmente, porque la causa por secuestro calificado se encuentra cerrada»
Be the first to comment