El próximo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se dará a conocer la propuesta del Plan Nacional de Búsqueda que pretende implementar un plan efectivo de búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura civil-militar. Del total de 1.469 personas desaparecidas aún hay 1.162 cuyo destino final se desconoce.
El proceso de consultas a familiares y organismos defensores de derechos humanos ha desatado expectativas, tensiones y aprensiones entre los mismos, a partir del hecho que al momento de presentárseles la propuesta se les planteó que nada se haría sin los familiares, quienes entendieron que su participación sería vinculante en todo el proceso.
Y no es para menos. Han transcurrido más de tres décadas de gobiernos civiles en que las sombras de la impunidad, los pactos de silencio, las desidias y negligencias estatales y la lenta justicia, entre muchas otras razones, generan en los familiares y en el mundo de los derechos humanos justificadas dudas y recelos ante un Estado que no ha asumido a plenitud y con firmeza las obligaciones internacionales en torno a los crímenes de la dictadura.
Los logros han sido el resultado de la larga y esforzada lucha de los familiares y de los abogados de derechos humanos que con perseverancia han insistido una y otra vez en conocer la verdad y hacer justicia. Tras el momento de expectativas generadas por el Informe Rettig las desconfianzas se acrecentaron tras la iniciativa de la Mesa de Diálogo y la acción del estado y el gobierno de la época ante la detención del dictador en Londres.
Hoy, tal como ayer la sociedad en su conjunto y los familiares tienen el derecho de conocer la verdad y poder reconstituir las circunstancias de la desaparición forzada de sus seres queridos, así como la evolución y resultados de la investigación y lo que ello implica: Justicia.
El derecho a la verdad, va de la mano con el derecho a la justicia. No existe justicia plena sin verdad. El derecho a la verdad, no sólo lo detenta la víctima y su familia, sino la sociedad en general. No saber el destino final, prolonga la extensión del daño y perpetúa la impunidad. Y es el Estado el que tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para asegurarlo.
Si se quiere hablar en serio y con convicción ante un plan de búsqueda de los luchadores no sólo se debe instar, sino ordenar a las Fuerzas Armadas y de Orden a colaborar y entregar la información que aún tienen. Simultáneamente se debe adoptar un sistema de protección de la documentación que tanto las FFAA, como Carabineros, PDI, Gendarmería mantienen, de modo tal que se garantice la integridad de los testimonios, documentos y pruebas necesarias para alcanzar la verdad, evitando su destrucción o la existencia de información clasificada o reservada. Al mismo tiempo se debe garantizar la colaboración de los funcionarios activos o en retiro y se ordene el poner fin a cualquier pacto de silencio existente entre quienes conozcan antecedentes de los graves crímenes cometidos.
Si se quiere hablar en serio para realizar el derecho a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos la consulta y participación de los familiares debe ser real y vinculante. Y el Estado debe garantizar los recursos suficientes y se deben contar con los instrumentos institucionales adecuados y profesionales especializados. Todas condiciones necesarias para abordar la dimensión del desafío.
Es el conjunto del Estado quien debe disponer de los mayores esfuerzos para realizar con persistencia todos los ejes que debe contemplar un plan verdadero y consistente. El Poder Judicial no puede limitarse a investigar y procesar a los responsables de los crímenes, es necesario que se asuma la investigación que lleve a conocer el destino final de los desaparecidos y la responsabilidad penal de cada uno de los agentes del estado involucrados. No puede ser que aún en nuestra legislación no esté señalado específicamente que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y permanezca vigente la ley de amnistía dictada en 1978 por la dictadura.
A pocos días que se dé a conocer el Plan Nacional de Búsqueda y al conmemorarse 50 años del golpe civil militar es imprescindible asumir que las y los detenidos desaparecidos asumieron desde el primer momento resistir y se opusieron al oprobio dictatorial convencidos de que era posible construir una sociedad justa y que lucharon contra la dictadura por convicción y sueños de justicia social.
CODEPU