Hace unos días las instituciones del estado fueron llamadas a presenciar la cuenta pública de la gestión de los últimos doce meses y escuchar los anuncios para el próximo periodo. Nos parece necesario, como lo hemos realizado en años anteriores, hacer algunos comentarios sobre dichos conceptos, especialmente respecto de la significación que pesa sobre esta cuenta la noción y problemáticas de los derechos humanos.
Hay que señalar que entre los distintos elementos de políticas públicas que cruzan el análisis expuesto, los derechos humanos aparecen mencionados como parte de la construcción discursiva, precisando ideas que se infiltran en distintos momentos de la alocución presidencial, siendo mencionado directamente en doce oportunidades en relación con materias como memoria, migración y la seguridad pública.
Es de especial valor que en momentos como los que vivimos, en que los sectores más reaccionarios de la política adquieren protagonismo en espacios institucionales, alentando discursos de odio y negando el carácter de la dictadura y sus nefastas consecuencias, se señale en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, que “Me anima la esperanza de que en este aniversario seamos capaces de tener una mirada común que, a partir de la condena histórica transversal a las atrocidades del pasado, sostenga el valor universal de los derechos humanos y la importancia de la democracia, que ha vuelto a estar amenazada en el mundo justamente por quienes relativizan la centralidad de dichos derechos. Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político sin excepción”.
En un sentido más práctico, se anunció el fortalecimiento del plan Nacional de Búsqueda, que entre otras cuestiones contempla un importante aporte presupuestario para el Servicio Médico Legal, que es un coadyuvante en el trabajo pericial que se requiere para ir avanzando en este requerimiento central de las organizaciones de DDHH, los sobrevivientes y familiares.
No obstante, sobre esta dimensión de demanda del mundo de DDHH quedaron vacíos inquietantes y silencios. Hubiese sido una mejor señal que en el mismo instante que se reivindicó la memoria, se le hubiere pedido a las FFAA y Carabineros que de una vez por todas hagan el gran gesto que se requiere y entreguen la información que poseen sobre el paradero final, responsabilidades de mando y un genuino compromiso de no repetición.
En este sentido, ni mesas de diálogo u otro mecanismo ha sido efectivo, más que para manejar la expectativa de los familiares y sobrevivientes, entregando información falsa o errónea.
Pero donde realmente se acentúa una cierta pérdida de prioridades, y la dimensión de los derechos humanos queda como un enunciado es en lo referido a las políticas de seguridad pública. Creemos que igualmente existen déficit y acentuaciones de iniciativas anunciadas que deben ser analizados de modo crítico, entendidas como parte de un proceso de restauración del orden conservador neoliberal que dicen relación con la agenda de seguridad pública.
Al parecer, la derecha, sectores gubernamentales y grupos parlamentarios se comportan como administradores del estado, asumiendo los mismos argumentos que en la década de 1990 permitió liquidar cualquier esperanza de transformaciones, y que en la actual coyuntura se ha ido repitiendo: la delincuencia social, y por extensión otras formas de marginalidad y expresiones de lo popular han vuelto a ser identificados como antagonistas del estado y no como el resultado lógico de un sistema generador de desigualdades aberrantes.
En el apartado de seguridad pública, junto con la idea que parece general sobre respetar estándares de derechos humanos, se hace mención del fortalecimiento del aparato policial y represivo, sin mencionar algún concepto sobre la reformulación de las instituciones que se encargan de estas materias, en concreto carabineros, que se ha demostrado incapaz de integrar en sus procedimientos el respeto de los derechos humanos, con saldos de violencia que se abultan ante la indiferencia de las mismas autoridades.
Como una oda al fortalecimiento del aparato represor, se han confirmado ingentes recursos -reafirmando los compromisos que hace algunos meses se pusieron sobre la mesa, en momentos de negociación con las derechas y sus socios sobre control social, todo esto sin referencias a las evidentes falencias que tienen las instituciones asignatarias, donde se siguen denunciando hechos de corrupción.
Notorio fue el gesto del presidente con el director general de la institución, en una parte del discurso exclamó “…¿estoy en lo correcto general Yáñez?”, esto en relación con los aportes presupuestarios a la institución. Ninguna mención o cuestionamiento a procedimientos viciados, a uso de la fuerza desproporcionado, o abierto accionar delictual. O un señalamiento al papel que este mismo oficial jugó en la represión desde 18 octubre de 2019 en distintos roles que ocupó en este tiempo.
Un pasaje de la alocución señala: “Necesitamos más carabineros y mejor preparados, para labores de control y de prevención de los delitos…”. Esta postura va en contra de lo que la misma coalición impuso como mínimo de reforma institucional, se habló en un primer momento de “refundación”, pero aquella pretensión quedó atrapada bajo el derrumbe que significó la campaña reaccionaria de los últimos meses, pero así y todo, llama la atención que el mismo mando institucional en abril último, en el marco del aniversario de carabineros, hayan señalado que la reforma era un tema relevante, y el presidente en su cuenta no lo haya expuesto de modo explícito.
Tampoco se mencionó algo sobre una efectiva política pública de reparación que es urgente para quienes sufrieron la violencia estatal en tiempos del estallido, la más grave crisis de derechos humanos desde la dictadura.
Creemos que estos silencios y acentos son una señal de otras prioridades, muy distintas y distantes esperables de una administración que señala tener un compromiso real y actual con los derechos humanos.
En definitiva, un discurso en la que los derechos humanos estuvo presente en dos formas, una con algunas expresiones relacionadas con las causas de memoria, y que se señalan avances puntuales, y otra en que la noción de derechos humanos cae en una enunciación al no vincularla a las urgencias presentes, la de dotar a la política de control delictual de una orientación de real respeto de la condición humana.
El desafío para los sectores convocados por el compromiso con los derechos humanos, la memoria y las perspectivas de cambios estructurales es apostar por romper las fisuras institucionales que están a la vista del modelo neoliberal. Uno de los consejos que se escuchó al comienzo de la actual administración, en voz de Álvaro García Lineras “No hay que tenerle miedo a la coexistencia de un gobierno progresista con movimiento social; a lo que hay que temer es a gobiernos progresistas sin movimiento social.” (La Tercera, marzo 2022). Nuevamente, si se pretende salvar algún legado significativo de este periodo, se requiere que la sociedad civil y el mundo popular vuelvan a estar en la centralidad de la política.
Hugo Catalán Flores
CODEPU