LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS EL 7 DE MAYO EXIGE UNA MAYOR REFLEXIÓN
1.- El itinerario constitucional creado por la negociación política a espaldas de las comunidades y territorios, con la presión de las élites por definir las prioridades y acentuaciones del proceso constitucional, es en muchos sentidos un camino amañado que no responde ni siquiera a los estándares internacionales definidos por Naciones Unidas el año 2018, que consagran los principios que se deben considerar al momento de aplicar una reforma del sistema constitucional de algún país.
2.- Esos mismos estándares impulsan a reconocer el enfoque de derechos humanos como parte de la centralidad de un debate público, democrático y participativo. La orientación de la ONU señala expresamente: “Una reforma constitucional basada en los derechos humanos significa que el proceso de reforma se enmarca en los derechos humanos y que las normas, principios y garantías de derechos humanos se sitúan en el centro de la constitución del Estado.”
3.- Cualquier acción del Estado debe someterse estrictamente al cumplimiento de la normativa internacional de los derechos humanos, más allá de recomendaciones y principios generales. Entre dichas normas es necesario enfatizar en el respeto a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el sentido de reconocer la libre de determinación de los pueblos y de la consulta a todo lo que les atañe según convenio 169 OIT, cuestiones que a simple vista no se tiene en consideración en este diseño electoral.
4.- Además, es evidente que la forma en cómo se diseñó este proceso electoral y constituyente, evade el principio de que todo poder originario constituyente radica en el pueblo, lugar de residencia de la soberanía popular.
5.- La Comisión de Expertos, encargada de redactar el “borrador” de una nueva constitución a partir de un esquema de doce principios acordados por partidos no se plantean los derechos humanos en la centralidad del proceso. Los 50 consejeros, que se elijan el día 7 de mayo, no tendrán la potestad de mover sustancialmente la estructura de dicho “borrador” y por lo tanto deja de ser un proceso deliberativo y sinceramente democrático. Además, considerando la sobrerrepresentación electoral que obtendrán los grupos conservadores, las derechas y las élites, el solo hecho de elegir a dichos consejeros es una mera formalidad, una puesta en escena, o un acto político coyuntural, más que un ejercicio de participación real.
6.- El momento de las elecciones del día 7 de mayo, como parte del proceso constitucional acordado por las élites, adquiere características discordantes con una verdadera participación de la ciudadanía en el proceso. Estos rasgos restrictivos nos impiden llamar a participar expresamente en la elección de consejeros o consejeras. El hecho que algunos candidatos y candidatas hayan manifestado compromisos con los derechos humanos lo valoramos. Ese importante compromiso y esfuerzo no garantiza que necesariamente se puedan situar estos derechos en el centro del proceso.
No obstante, creemos que la participación en el acto electoral es legítima. Lo que sí consideramos necesario reflexionar sobre el contexto en que se desarrolla este proceso y la relevancia que adquiere la elección en este contexto. nuestro voto pero dicha alternativa no nos representa necesariamente.
7.- Más allá de las elecciones del 7 de mayo habrá que perseverar en reposicionar la soberanía popular como requisito indispensable a la hora de elaborar una Constitución que sea representativa de todas y todos. En otras palabras, los caminos que debemos recorrer como país para dotarnos de una nueva constitución son los de la soberanía, la organización y el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos, el feminismo, el reconocimiento de las identidades diversas, el respeto por la naturaleza y el fin del neoliberalismo.
Mientras estas perspectivas no sean parte integrante de sólido movimiento social, cualquier proceso de transformaciones institucionales será un juego de las élites.
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28 DE ABRIL DE 2023