El Poder Judicial y el Servicio Médico Legal han informado a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que se han encontrado 89 cajas con osamentas que se mantenían sin periciar desde hace 20 años.
La información violenta y agrede a los familiares y vaya para ellos toda nuestra solidaridad y comprensión.
Antes que todo queremos dejar en claro que la responsable de los crímenes de lesa humanidad fue la dictadura civil-militar-empresarial que actúo a través de sus instituciones armadas y organismos de seguridad. El secuestro, el asesinato, la tortura, la desaparición forzada y el exilio fueron parte de una política de terrorismo de estado.
Pero la información entregada devela ocultamiento y graves negligencias del Estado. No cabe duda que el resguardo de las mencionadas osamentas, las pericias y las diligencias de investigación se debieron realizar oportunamente por respeto a los familiares y el derecho a la verdad y la justicia.
La tardanza de 20 años no hace más que agravar la situación, se constituye en una clara obstrucción a la verdad y la justicia acrecentando una política de impunidad que emana desde el mismo Estado.
Estos hechos ratifican la imperiosa necesidad de contar con una institucionalidad en materia de derechos humanos con capacidad de asumir los desafíos que presenta la búsqueda de verdad, justicia y memoria. En lo inmediato urge contar con un Servicio Médico Legal más profesional y comprometido, un poder Judicial diligente y eficaz y voluntad política para de todas las instituciones estatales.
Lamentablemente las negligencias del Estado en esta materia no son nuevas. Hace unos años se reconoció identificaciones erróneas y todo hace presumir que es probable que haya otras que exigirán ser investigadas. Entendemos la complejidad de la labor pero ello exige una mayor rigurosidad y los recursos necesarios que deben ser parte consustancial de las pericias e investigaciones que el derecho a la verdad y la justicia demanden. En nuestra opinión, ya es hora de que las responsabilidades administrativas, judiciales y políticas se transparenten.
Como CODEPU reiteramos la solidaridad con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Por nuestra parte, insistimos, haremos nuestros mayores esfuerzos por exigir que se investiguen las responsabilidades judiciales, administrativas y políticas que se desprenden de tan grave situación y no descartamos acciones legales ante instancias internacionales pues la búsqueda de la verdad y la justicia lo ameritan.
CODEPU
3 de febrero 2023