Hugo Catalán Flores
Carabineros en una institución que en varios momentos de su historia ha estado cuestionada sino abiertamente involucrada en eventos de violencia contra el pueblo. Es una historia de abierta hostilidad a sectores sociales que reclaman algún cambio o reivindicación a las autoridades políticas de turno quienes mandatan a la institución. Este papel histórico fue especialmente claro en la dictadura, rol documentado y establecido con claridad innegable en distintos grados por la justicia, no dejando duda que la lógica que movió al mando de la institución fue ser guardianes del terror.
Durante la transición pactada desde la década de 1990 y una vez recuperadas las instituciones formalmente democráticas y en contexto de la impunidad instalada, nuevamente se colocaron en la centralidad los mecanismos de control social, respondiendo con absoluta coherencia al papel de guardianes de la normalidad neoliberal, que se expresaba con violencia ante las demandas sociales que atravesaron durante este periodo.
Su experiencia en contener y reprimir la protesta social, se vio desplegada con evidente claridad desde la rebelión de octubre de 2019, y atestiguan esto las miles de personas que directamente fueron afectadas, así como las cientos de gestiones judiciales que han desplegado en estos años CODEPU –además del apoyo psicosocial y sanitario- y que nos tiene en una posición principal para referirnos a estos procedimientos que sería la expresión más próxima tanto de la crisis institucional como de la respuestas que se dió de parte de las élites y el Estado generando la más grave crisis de derechos humanos desde la dictadura..
Pero como sucede a veces, lo que hace sentido a ciertos grupos de la élite son las acciones que no tienen que ver con los DDHH y la brutalidad en los procedimientos policiales sino los problemas que se dan en otros ámbitos, para el caso nos referimos a la corrupción y la probidad. El año 2016 una denuncia a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF) alertó de gestiones bancarias sospechosas en cuentas de un funcionario contable de la institución, denuncia que permitió conocer una madeja de corrupción que involucra a un número importante de funcionarios medios y oficiales con un monto defraudado que a esta fecha asciende a los 35.000 millones de pesos.
Con estos dos ámbitos más la violencia contra la protesta social permiten indicar con cierta evidencia que Carabineros es una institución que requiere no solo una reforma profunda y estructural, lo que urge es una refundación desde los cimientos, cuestión que también señala el borrador de la nueva Constitución, pues su lógica está comprometida por una cultura de la impunidad y un clasismo abyecto, aquellos procedimientos que en muchas oportunidades se evidencian cuando se trata de contener a los pobres y marginales.
No pretendo desconocer que vivimos una pospandemia que ha generado un complejo fenómeno de violencia social, que los medios de comunicación la describen como un punto del abismo sin regreso. Parece evidente que los actos delictuales e incivilidades están en un periodo de ascenso pero que tienen que ver con otros fenómenos más propios de la globalización, la exclusión, la revolución de la información y las comunicaciones y, procesos psicosociales que se fueron incubando en casi dos años de restricciones por la emergencia sanitaria. Por ejemplo el Centro de Estudio de Análisis del Delito, (CEAD), mantiene estadísticas de delitos hasta 2021 que muestran fluctuaciones que están dentro de rangos razonables, que obviamente bajan entre 2020/21 por las propias dinámicas restrictivas de movilidad, pero que es probable que desde el primer trimestre de esta año sufrieron una variación en alza, pero que aún para un observador técnicamente facultado señala que dichos índices se encuentran en la parte baja comparándola con otros países de Latinoamérica.
Para Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, “aún no es comparable el escenario de Chile con otros países, al menos no si nos centramos en la tasa de homicidios. Según datos de Insight Crime a 2021, el país con la tasa de homicidios más alta por cada 100 mil habitantes es Jamaica (49,4); seguida por Venezuela, con 40,9. En tanto, Colombia tiene una tasa de 26,8; México, 26; y Chile se sitúa al final de la lista, con 3,6.” (mayo de 2022, EMOL)
Insisto, sin pretendo desvirtuar situaciones y casuística que han afectado a muchas personas y sus familias, la violencia sigue siendo un ámbito de cuidado pero debe ser manejado con criterio de realidad, reconociendo que los medios de comunicación y sectores políticamente comprometidos con nociones de control social (el transversal “partido del orden”) en este momento manejan la agenda, y un efecto concreto es tener opinión pública favorable en torno a la idea de mayor control, mayores restricciones de las libertades, y validación de la institución de carabineros. En resumen, existe una constate de la incidencia del fenómeno delictual que no se escapa de un rango promedio estable, por lo que parte importante de lo que envuelve el debate y la difusión que se hace tiene un sentido estrictamente político y no factual.
¿Y las violaciones a los DDHH cometidas en estos últimos años desde la rebelión de 2019? ¿Y la refundación/reforma estructural comprometida por el nuevo gobierno? Es probable que si se pregunta a la gente atemorizada y angustiada contra una delincuencia desatada mostrada por miles de minutos de programas televisivos, su respuesta será: tal vez carabineros requiera cambios, pero a la vez los necesitamos.
Las actuales autoridades, que entraron con un programa de reformas que contemplaba justamente hacerse cargo de la transformación de Carabineros, ante la dificultad por hacer avanzar esa refundación, han ido declinando. Ahora se habla de reformas, del mismo tenor que han sido comprometidas desde el 2006: incorporación de ramos de DDHH en los institutos de formación, mejorar los protocolos de manejo de orden y seguridad, renovar el equipamiento y un largo y abultado etcétera.
En una suerte de irónico juego de poder, las reformas que se han señalado para el control de la delincuencia, dotando de mayores facultades a las policías y a los entes persecutorios del estado, en coyunturas de efervescencia social, han gravado justamente a quienes protestan en la calle y territorios.
Un ejemplo solo para evidenciar esto fue la llamada “Agenda Corta anti-delincuencia” (Ley 20.253) que en una batería de reformas el 2008 dotó de un sinnúmero de instrumentos a los persecutores y que en un abrir y cerrar de ojos fue utilizado justamente para perseguir y criminalizar a la protesta social.
Parece que el camino para la élite está claro y la tan necesaria refundación de Carabineros se encuentra paralizada. Entretanto, el nuevo gobierno se ha dejado arrastrar (asumiendo que en su inspiración hubo genuino ánimo de reformas profundas) por la vorágine de medidas que entregan más y mejores herramientas para el control social.
