CODEPU denunció ante una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento por parte del Estado chileno respecto de las recomendaciones que el organismo internacional entregó tras la grave crisis de derechos humanos durante el llamado estallido social.
La denuncia tuvo lugar en un encuentro entre organizaciones de la sociedad civil, víctimas de la represión y la delegación de la CIDH, en la cual nuestra institución entregó su opinión y un informe escrito.
La reunión se inició con una exposición del Comisionado Relator Especial de la CIDH, Joel Hernández sobre los objetivos de la misión, la metodología y los principales contenidos del informe con recomendaciones que habían entregado al anterior gobierno. Señalándose que ellas habían girado en torno a reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH durante la época del estallido; la justicia sobre esas mismas violaciones; la reforma a Carabineros y aquellas reformas normativas necesarias para que se reconozca el derecho a la protesta social
Luego se ofreció la palabra a las organizaciones y víctimas directas de la represión presentes en el encuentro.
CODEPU señaló que el Estado chileno enfrentaba con demasiado retardo las recomendaciones señaladas. Respecto a la justicia denunciamos el lento avance de las causas por violaciones a los derechos humanos y ejemplificamos con nuestra propia experiencia: un volumen considerable de causas y solo una condena y tres formalizaciones en aquellos casos en que las pruebas eran irrefutables. Lo que habla de un avance de solo un 1,66%. Una clara señal de la impunidad existente.
En torno a la reparación prácticamente era inexistente. Los problemas que enfrentaban los tratamientos a quienes sufrieron trauma ocular evidenciaban lo insuficiencia del sistema y la ausencia de una efectiva política pública de reparación integral. Señalamos que hacía solo unos días se había anunciado una agenda en derechos humanos, bien orientadas y recientes y que respecto a la respuesta del Estado – no frente al nuevo gobierno- aparecían bastante tardías, pues el Estado las asumía transcurridos a casi tres años del estallido social.
Con respecto al tema de la reforma a Carabineros señalamos que esto era una política urgente, que la policía uniformada mantenía su actuar con uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Patrones de actuación que requieren un nuevo enfoque. En ese sentido señalamos que no bastaba una reforma, que el origen era el carácter militarizado de Carabineros de Chile; que respondían a una lógica que debe ser desterrada. No basta hacer cambios a los protocolos.
CODEPU la urgencia de garantizar el derecho a la manifestación, pues aún se mantiene un significativo número de jóvenes manifestantes del estallido social en prisión preventiva. Denunciamos el uso abusivo de la prisión preventiva que opera como política de castigo y el hecho que aún Carabineros sigue reprimiendo legítimas manifestaciones callejeras.