En tanto organismo promotor y defensor de los Derechos Humanos, constatamos las altas expectativas que se anidan en amplios sectores sociales y populares de nuestro país por los tiempos por venir.
La Convención Constitucional y el nuevo gobierno por asumir concentran la atención mayoritaria de los pueblos. En lo inmediato, y ante la designación del gabinete ministerial nos asiste la inquietud de señalar lo siguiente:
Señalamos nuestra preocupación frente a algunas declaraciones de futuras autoridades que relativizan, de cierta manera, el cumplimiento del derecho a la manifestación pública. Insistimos en que ningún gobierno está facultado para restringir libertades y derechos de movilización y expresión. El derecho a manifestación está garantizado por tratados y pactos internacionales y son de la esencia de un régimen democrático.
Miramos con atención el rol que tendrá el Ministerio de Justicia y DDHH en esta nueva etapa. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene que asumir un rol absolutamente distinto al desarrollado en los últimos años y en especial desde octubre del 2019.
En tiempos que se hace necesario profundizar la democracia y hacerla participativa y en un contexto en que la demanda de un orden social más justo y equitativo para todos los pueblos que habitan el territorio adquiere sentido de urgencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe alentar y promover con firmeza la plena vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos.
Un ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe tener como centro de su acción la justicia como realización para todos y todas. Levantar su voz ante toda violación de los derechos humanos dado que éstas son inaceptables. Promover que la Justicia sea una realidad palpable para todos y todas.
En lo inmediato, urge disponer de todos los medios y recursos para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos en tiempos de dictadura. Junto con lo anterior asumir con urgencia la situación que afecta a los presos de la revuelta, garantizándoles derechos consagrados en tratados internacionales y promover sin dilaciones una salida política que resuelva la prisión política y los abusos de la prisión preventiva que se ha ejercido como castigo y condena anticipada.
Promover una política de dialogo en el Walmapu para avanzar en la resolución de las demandas de nuestros pueblos originarios. Es urgente resolver de manera efectiva la situación que afecta al pueblo mapuche, aplicando justicia real frente a la usurpación de territorios que ha sufrido históricamente, y se logre definitivamente el reconocimiento efectivo de la autonomía como asimismo la devolución de sus tierras ancestrales.
También es urgente impulsar una política pública de reparación integral para quienes sufrieron las consecuencias de la brutal represión ejercida en tiempos del estallido y asumir las deudas pendientes del pasado dictatorial en esta materia.
Al mismo tiempo, asumir que la actual institucionalidad de derechos humanos, y en especial el Instituto de Derechos Humanos (INDH) requiere, a la espera de la propuesta que es posible emane desde la Convención, profundas transformaciones en cuanto a su dirección, participación de la sociedad civil y fortalecimiento de su autonomía.
Es necesario atender y corregir las deficiencias que arrastra dicha institución, que lejos de circunscribirse a los protocolos internacionales ha cometido omisiones frente a situaciones de injusticia que afectan a las víctimas de los atropellos a los derechos humanos ejercidos por la policía y agentes del Estado
La institucionalidad de derechos humanos, la institucionalidad de la justicia y la legislación que la rija debe ser moderna, ágil y estar orientada por la doctrina de los derechos humanos.
Nuestro país no está en condiciones de ver frustrados sus sueños y aspiraciones de un orden social más justo. Menos dispuesto a vivir nuevos hechos de violaciones a los derechos humanos. Justicia, verdad y reparación. Justicia para todas y todos quienes habitan el territorio constituyen expectativas y demandas colectivas como parte de un Chile justo y solidario.
Por nuestra parte, reiteramos que nuestra obligación seguirá siendo la promoción y defensa de los derechos humanos.
Enero 2021