Hace dos años, miles de personas ocuparon plazas y calles para exigir un orden social y político más justo que pusiera fin a las desigualdades sociales y los abusos. La sociedad y los pueblos que habitan nuestro territorio manifestaban así que la economía, la distribución del poder y todo el entramado institucional resultaba inaceptable y que la restitución de derechos sociales, una democracia real y participativa son objetivos urgentes e imprescindibles.
La respuesta inmediata del Estado y del gobierno en particular fue una violenta represión y la criminalización de la protesta social generando la más grave crisis de Derechos Humanos desde el término de la dictadura cívico militar en marzo de 1990.
“Chile requiere abrir paso a una sociedad en que se respeten los derechos sociales, políticos económicos y culturales. Y ese camino de respeto a los derechos no puede esperar”, afirmábamos como CODEPU en medio de los esfuerzos por desplegarnos en comisarías, contener a las víctimas de la represión e iniciar las denuncias y acciones judiciales tras la necesaria justicia.
Transcurridos dos años de aquel 18 de octubre -que quedará en la historia vinculado a las luchas sociales y populares por un Chile justo e igualitario- importante es reconocer la profunda e inevitable crisis actual y los enormes desafíos que el futuro nos impone.
Tras días y días de movilizaciones multitudinarias, de paralizaciones y convulsiones sociales propias de un tiempo emergente, se generó un escenario que no era posible prever en tiempos anteriores. En la madrugada del 15 de noviembre, una mayoría de los representantes políticos establece un itinerario de proceso constituyente que debe culminar en una nueva Constitución.
Dicho acuerdo fue una respuesta de emergencia ante la evidente crisis de legitimidad y de gobierno al que asistíamos. Así como simbólicamente el estallido social dio por finiquitado el gobierno de Piñera, el acuerdo era un intento por contener el descontento para que toda la institucionalidad no fuera desbordada desde abajo. Ciertamente, como señaló CODEPU en su momento, el acuerdo tenía luces y sombras. Antes que todo, era el reconocimiento de que la situación de injusticia y ausencia de participación real era insostenible en el tiempo y que la lucha social había forzado al gobierno de Piñera -y a una oposición también cuestionada- a conceder este proceso constituyente, plebiscito incluido.
Este drástico giro tuvo como protagonista a una ciudadanía y los pueblos como actores principales y fundamentales. Pero los excluidos de siempre, y esto en referencia a las sombras del acuerdo mencionado, no podían nombrar, de allí que la Convención Constitucional apareció como algo similar, pero que no es lo mismo que una Asamblea Constituyente plenamente soberana.
La reforma constitucional que emergió como acuerdo parlamentario dio lugar, como señalamos, a un plebiscito para determinar si la voluntad popular se inclinaba por una nueva Constitución. Los resultados electorales de ese plebiscito fueron relevantes. Los sectores conservadores y principales -aunque no los únicos- defensores del orden social cuestionado en las calles sufrieron una derrota de proporciones.
Claro está que la historia indica que las elites conservadoras, el empresariado y sus representaciones políticas siempre se resisten a perder privilegios y hacen todo lo necesario por mantenerlos.
Desde las demandas sociales más urgentes y que empujaron la rebelión social y popular aun hay mucho que resolver, como asimismo se debe enfrentar los enormes desafíos que impone el proceso en curso.
En medio de procesos electorales, sociales y políticos en el tiempo inmediato los pueblos del territorio y el movimiento social deberá generar opiniones y opciones en temas tan relevantes como el derecho a la educación, la salud, la seguridad social, el rol de las Fuerzas Armadas, la propiedad social y privada, los principios que regirán al estado y la economía, el reconocimiento a los pueblos originarios, entre otros múltiples aspectos. No cabe duda, que en estos asuntos no existe consenso país. Un pueblo demanda acceso a derechos fundamentales mientras una elite defiende privilegios todo en pleno período de carácter transicional, que conjuga una esencia destituyente del orden cuestionado por la irrupción del movimiento social del 18 de octubre y una impronta constituyente de un nuevo pacto social de rasgos por ahora inciertos.
Ello obliga al movimiento social a generar espacios propios a nivel local, comunal y territorial en los cuales pueda confrontar diálogos entre miradas distintas pero que permitan forjar unidad social. De la misma manera, en esos espacios es posible afianzar procesos organizativos que permitan reconocer que la mayor capacidad de incidencia real del mundo popular en el curso de los procesos sociales es la movilización social unitaria y amplia tras los objetivos de justicia social y profundización democrática. Al mismo tiempo que permite mantenerse alerta ante el riesgo real que las grandes aspiraciones populares puedan diluirse entre los esfuerzos restauradores de las fuerzas conservadoras.
Pero paralelamente habrá que bregar para que se asuman políticas públicas desde el Estado en favor de los sectores sociales mayoritarios y largamente postergados como empujar con urgencia las medidas de justicia, verdad y reparación ante las graves violaciones a los Derechos Humanos. Estas dinámicas entremezcladas generan un tiempo de incertidumbre e intranquilidades imposibles de soslayar dada la envergadura del proceso en curso.
Los Derechos Humanos un desafío urgente:
El triunfalismo sostenido durante la transición respecto a que las políticas públicas de Derechos Humanos habían sido capaces de avanzar en una cultura respetuosa de los mismos y de que éramos capaces de entregar garantías de no repetición demostró dramáticamente que no era así.
La contradicción entre el discurso facilista y la existencia de grados de impunidad inadmisibles transcurridos tantos años de los crímenes dictatoriales demostró que cuando no hay justicia plena, se generan las condiciones que hacen posible las violaciones de derechos humanos. La impunidad de ayer está en la raíz de las violaciones de los derechos humanos de hoy.
Otro aspecto singularmente grave en un balance de lo que ha sido, en el último tiempo, la más grave crisis de Derechos Humanos dice relación con la fragilidad de la llamada institucionalidad de los DDHH. Debilidad que quedó demostrada en la poca capacidad de respuesta frente a la situación represiva desplegada por los agentes y funcionarios del Estado pertenecientes a los diferentes estamentos armados y comandados desde el Ejecutivo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, pese al enorme esfuerzo y voluntad de sus funcionarios, en los hechos no logró contener la política represiva de castigo a la población civil emprendida desde el gobierno. Todo lo cual indica la necesidad de reformular y repensar una nueva institucionalidad de Derechos Humanos, incluido el INDH.
Otro aspecto destacable, es que se produjo una involución en algunos actores claves que debieron jugar un rol decisivo en la defensa de los derechos humanos y que por el contrario se plegaron consciente o inconscientemente a directrices emanadas desde el Ejecutivo que, obviando la autonomía de instancias como la Fiscalía y el Poder Judicial presionaba para que estas asumieran en los hechos una política de castigo ante la protesta social, ya sea abusando de las prisiones preventivas o el retraso en los procesos investigativos entre otras situaciones.
Omitimos la opinión que nos merece el rol jugado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, pues es obvio que al ser dependiente de un gobierno responsable de violaciones de tales derechos queda sometida solo a una instancia administrativa.
En tanto CODEPU y como organización promotora y defensora de los Derechos Humanos, con más de 40 años, la situación actual de quienes sufrieron violación de los derechos humanos y ante la obligación que tienen los Estados de prevenir, investigar, y sancionar, toda violación a los derechos reconocidos, y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y la repararon de los daños producidos el panorama no es alentador. En estos dos años desde el 18 de octubre, no se previene, no se ha investigado en la magnitud que la gravedad de los hechos lo ameritan y menos se ha sancionado a los culpables. Respecto a reparación, suponer que la reparación es una glosa presupuestaria limitada, incierta, discriminatoria y en el que califica, en ultima instancia es el ejecutivo es una propuesta insustancial.
De allí que consideremos imprescindible exigir antes que todo Verdad y Justicia para los delitos cometidos ayer y hoy. Y una Reparación justa y necesaria a través de una Comisión de Calificación. La Libertad a los presos de la revuelta es un imperativo ético y político y crear una nueva policía junto con la derogación de leyes represivas que no tienen cabida en regímenes verdaderamente democráticos para garantizar así verdaderamente el derecho a reunión y protesta como el derecho a la información y la comunicación.
Transcurridos dos años desde que miles de personas ocuparon las calles y en medio del proceso constituyente en curso, no cabe duda de que la nueva y necesaria nueva Constitución será, una vez alcanzada, el punto de partida, un marco legal que abone un terreno con mejores condiciones. Un paso necesario pero insuficiente que debiera tener en la organización y movilización sociales el complemento ineludible para presionar y alcanzar las transformaciones largamente postergadas.
CODEPU
18 de octubre de 2021