La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia entregó su informe final que en lo principal sostiene que, quienes han hecho uso del derecho a la protesta social han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por lo tanto que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública
La Misión SOS Colombia estuvo integrada por 41 delegados internacionales de 12 países, quienes visitaron 11 regiones del país entre el 3 y el 12 de julio de 2021. CODEPU formó parte de las delegaciones y le cupo un rol importantísimo en la redacción del informe final.
La Misión recibió decenas de informes elaborados por organizaciones sociales, documentó denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional, observó y constató diferentes métodos de represión que configuran un escenario de graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos en las regiones visitadas en el país. Concluyendo de manera preliminar que en las movilizaciones la Fuerza Pública utilizó técnicas de combate y guerra que tuvieron como resultado homicidios selectivos, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, judicializaciones arbitrarias, estigmatizaciones, persecuciones, y, la obstrucción a la labor de organizaciones de derechos humanos, medios alternativos, y equipos de salud.
El informe final identifica la presencia y funcionamiento de grupos paramilitares y analiza el papel de la Fuerza Pública, los gremios, empresas, y medios de comunicación masiva en relación con el tratamiento a la protesta social. Así mismo, se aborda la impunidad en los crímenes de Estado, el rol de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Policía Nacional; y los efectos de la represión frente a la salud, alimentación, renta básica y vivienda, los impactos psicosociales y los afrontamientos.
Ante la situación de emergencia humanitaria y de grave crisis de los derechos humanos se plantean recomendaciones y se señalan acciones inmediatas dirigidas al Gobierno y Estado colombiano, a las instancias multilaterales internacionales, a las empresas y a la comunidad internacional.