MISIÓN, INTEGRADA POR CODEPU, ENTREGÓ INFORME PRELIMINAR
La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la impunidad en Colombia dio termino a su visita en terreno y concluyó que el país sudamericano atraviesa una situación de emergencia humanitaria y de grave crisis de los Derechos Humanos.
La Misión tras recibir decenas de informes realizados por organizaciones locales y regionales, documentar alrededor de 200 denuncias directas de víctimas en el marco del Paro Nacional, observar y constatar diferentes patrones de represión llegó a la conclusión que se configura un grave escenario de violación de Derechos Humanos generalizada en las regiones visitadas en el país.
La grave crisis de derechos humanos tiene como resultados inaceptables: homicidios selectivos, la aplicación de torturas físicas y psicológicas con contenidos racistas, misóginos, sexistas, violencias basadas en género; lesiones oculares, violencia sexual, detenciones arbitrarias e ilegales, desapariciones forzadas entre otros delitos y vulneraciones.
Todo lo anterior se hace posible -señalan desde la Misión- porque la autoridad presidencial desconoce las garantías de la protesta social, los mandos de policía desconocen la autoridad civil de alcaldías y gobernaciones y se abusa de la fuerza letal violando protocolos internacionales y también los propios.
Sobre las hipótesis de actores responsables y tras escuchar los testimonios individuales de las víctimas y recabado en encuentros con organizaciones de la sociedad civil se pueden identificar a quienes se les puede atribuir responsabilidad penal tanto a título personal como colectivo. La Presidencia de la Republica, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública en que se encuentra la Policía Nacional, ESMAD, las Fuerzas Militares. A lo anterior habría que agregar a grupos armados ilegales que en algunos casos actúan en connivencia con la fuerza pública y a civiles armados que actúan en connivencia con la fuerza pública.
La Misión constató el temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales. Lo que genera un subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias. Existe una desconfianza generalizada por parte de las víctimas para denunciar los abusos y agresiones ante instituciones como Fiscalía y Procuraduría.
Entre las recomendaciones se plantea el cese de la represión a la protesta social y a la población que participa y apoya las manifestaciones. Y se señala que los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, los organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones. Se indica que debe poner término de inmediato al uso de municiones de impacto cinético para el control del orden público y de manifestantes y que se detengan los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra las personas que lideran la protesta y contra quienes adelantan acciones de defensa de derechos humanos, de primeros auxilios y de solidaridad.
Por último, La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la impunidad en Colombia, hará un seguimiento de las recomendaciones señala.
La Misión visitó territorios colombianos entre el 3 y el 12 de julio y estuvo integrada por más de 40 comisionados y comisionadas de 13 países como Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica y Guatemala, todos vinculados con organizaciones de Derechos Humanos, juristas, iglesias, academia y periodistas relacionados con temas de Derechos Humanos y Paz.