Las últimas semanas se ha instalado esta interrogante tal como ocurrió en los meses posteriores a la rebelión de octubre de 2019, cuando se hacía evidente la fractura del sistema político institucional y, la vertiginosidad de los acontecimientos permitía apreciar situaciones de ingobernabilidad y cuestionamientos a las instituciones.
De allí que el desafío de contestar la pregunta de marras, exige despejar previamente la cuestión acerca de si el sistema democrático en Chile es único en su definición, aplicación y experiencia histórica.
Nos permitiremos una pequeña disquisición metodológica, pues la idea del sistema democrático es en sí misma compleja, especialmente en nuestro país donde por casi un siglo se ha buscado distintos modelos para transitar por una democracia plena.
Utilizaremos de modo absolutamente didáctico, y antojadizo, un indicador de escala de democracia creado por el medio inglés The Economist y que en una tabla de 1 a 10 define qué tan democrático es un gobierno (hay que advertir que aquel instrumento genera sentidas críticas respecto de los indicadores, la forma de levantar los datos y el mecanismo de elaboración propiamente tal, transformándose en un constructo de propaganda de los modelos de democracia capitalista en el mundo).
Nosotros aplicaremos una escala de 1 a 5, en la que desde nuestra posición de promotores y defensores de los DDHH podemos ubicar un ideal de modelos en 5 (respeto al irrestricto de los derechos humanos, alta participación política, instituciones legitimadas, territorios empoderados), y la ausencia absoluta de democracia en 1 (autocracia o dictadura).
Experiencias históricas tenemos de participación ciudadana e intervención en las deliberaciones del poder en la etapa del gobierno popular de 1970, y podríamos ubicar ese periodo con un superior a 4. En cambio la dictadura que vivimos posteriormente la podemos señalar sin problemas con el rango 1.
Dicho esto, creemos que hoy Chile está más cerca de una realidad en torno a la categoría bajo el número 3, democracia imperfecta le han denominado algunos, en que funcionan instituciones formalmente democráticas pero fuertemente jalonadas por intereses de las minorías de clase y las élites, donde ante actos de desobediencia de personas o sectores populares, agentes e instituciones del Estado contienen y reprimen la disidencia y oposición, con evidentes y sistemáticos mecanismos que vulneran los derechos humanos, con un cerco comunicacional de grandes medios que difunden un rango de información y opiniones hegemónicos y de la élite, en definitiva donde el poder de unos pocos es más determinante que el de varios miles de personas.
Con todo este marco se puede contestar que en Chile no existe una dictadura, pero tampoco una democracia en regla.
Hay otros elementos que hace más precario el tipo de democracia que opera en Chile.
La crisis sanitaria ha dado espacios para profundizar formas de control y represión que sin estar en el mismo nivel de las que operaban en la dictadura, son herramientas que está utilizando el ejecutivo para perpetuar lo que algunos académicos han denominado “estado policial”.
Se ha facultando a las FFAA en operaciones de control de orden y seguridad contrarias para una democracia, más estando aún pendientes procesos de transformación institucionales para esas organizaciones que hasta hace tres décadas fueron parte central de la dictadura.
Por tanto la democracia se torna cada vez más restrictiva, más opresiva y las vulneraciones de los derechos humanos se aplican de modo más focalizado, por ejemplo en ciertos territorios que por historia y compromiso han estado vinculados a luchas de resistencia. En los últimos días se cuentan Villa Francia en Estación Central, o Lo Hermida en Peñalolén, o extensos barrios populares en Antofagasta.
Ese poder gubernamental es tímidamente contrarrestado por otras instituciones, con mayor o menor grado de legitimidad, como es el poder judicial y el parlamento, agregando que el poder ejecutivo vive una crisis de credibilidad con un mínimo de apoyo ciudadano.
Por último, se hace indispensable que Chile cuente con una red de organizaciones e instituciones populares y de la civilidad, medios de comunicaciones y activistas en redes sociales, que permitan romper cercos y denunciar los atropellos a los derechos humanos. Sin estas estructuras sería más difícil y arriesgado para la integridad de muchos miles de luchadores sociales poder instalar los temas y las perspectivas de cambios estructurales que esperamos como sociedad. Solo un vigoroso movimiento social puede encaminar a Chile a una realidad política que se precie verdaderamente democrática.
Hugo Catalán Flores
Unidad de Estudios
CODEPU