No quiero
Que a mis muertos me los hundan
Me los ignoren
Me los hagan olvidar
(Stella Díaz Varin, 1992)
Finalizada la dictadura cívico-militar en 1990, Chile se abocó a dar respuesta a la reclamación colectiva de Verdad y Justicia. Para ello, durante el primer gobierno transicional encabezado por el fallecido Patricio Aylwin Azocar se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tras casi nueve meses de recopilación e investigación culminó con la entrega del llamado “Informe Rettig”, en el cual concluyó que entre 1973 a 1990 hubo 2.279 personas que perdieron la vida, de las cuales 164 fueron víctimas de violencia política de la época y 2.115 producto de violaciones a los derechos fundamentales. Con el correr del tiempo se fueron ampliando las respuestas desde el Estado, así nacieron y complementaron dicha iniciativa, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Valech I y II, todos intentos de dar contestación al anhelo de Verdad y Justicia y las necesarias medidas reparatorias a las miles de víctimas del terrorismo de Estado ejercido en los 17 años que duró la dictadura cívico-militar.
A tres décadas de finalizada formalmente la dictadura se fue instalando una “justicia en la medida de lo posible” y una impunidad a todo evento, con lo cual continua pendiente la anhelada Justicia y las garantías de no repetición.
En la actualidad, Chile continúa administrando un modelo político, social y económico asentado en el neoliberalismo, el cual fue heredado y negociado con el régimen de facto de Pinochet Ugarte que significo no tocar a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a su vez diversos amarres constitucionales que han generado una enorme y profunda desigualdad, problemas de sobre endeudamiento a todo nivel, especialmente en educación, salud y vivienda, como asimismo, bajos sueldos y con el tiempo, una profunda crisis institucional de carácter estructural.
Estos elementos no siendo los únicos hicieron ebullición el viernes 18 de octubre del 2019, transformándose en diversas manifestaciones y protestas en todo Chile, la respuesta estatal fue una rápida represión enérgica, masiva y sistemática particularmente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, que incluso llevó a la militarización y copamiento de la zona de Plaza Italia (actual Dignidad) por orden de la Intendencia Metropolitana. Lo anterior fue cuestionado fuertemente por organismos internacionales como la CIDH, que planteo “esta ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos (…) puede impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social pacífica en Chile”.
Durante el proceso represivo implementado por las fuerzas de Carabineros de Chile se han vulnerado de forma sistemática los derechos humanos de la ciudadanía y se han consumado diversas formas de abuso en el uso de la fuerza. Entre las más graves, el uso de perdigones y cartuchos de lacrimógenas que han causado secuelas severas como el trauma ocular , además del uso indiscriminado de carros lanza aguas.
En términos de cifras al 30 de junio del año 2020, existen 818 denuncias que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes ingresadas a la Defensoría de la Niñez, asimismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos al 05 de noviembre del 2020 las acciones judiciales ascienden a un total de 2.864 querellas que corresponden a 3.383 personas que denunciaron ser víctimas de violación a los Derechos Humanos. Cabe mencionar que de las cifras señaladas, en su mayoría son denuncias interpuestas contra funcionarios de Carabineros de Chile, existiendo escasas condenas efectivas por dichas violaciones a los derechos.
Se instala así nuevamente una suerte de segunda impunidad. Esto queda refrendado en el estudio “Evaluación del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social” realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la OEA, el cual plantea en sus conclusiones “se advierte un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos. Si bien se han reportado algunos ejemplos de fiscales y Fiscalías Regionales que están llevando adelante la investigación y persecución penal de estos casos conforme a los estándares internacionales, esta situación es bastante excepcional. Se ha podido constatar la existencia de bastante disparidad en el tratamiento de los casos dependiendo de la Fiscalía Regional que esté realizando la investigación… se evidencia que, de manera global, las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público no estarían cumpliendo los estándares internacionales en esta materia” (139:2020).
Lo anterior es revalidado por Sergio Micco Aguayo, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante el lanzamiento del “Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH”, en su discurso refiere, “Para hacer evidente, entre otras cosas, una dolorosa realidad: a más de un año de la más grave crisis de violaciones a los derechos humanos, ocurrida desde el retorno a la democracia, solo tenemos una sentencia condenatoria. Sólo una… En suma, si hoy el INDH tuviese que emitir un juicio definitivo sería este: a pesar de los esfuerzos, hoy el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al día de hoy, estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia” (febrero, 2021).
Sólo teniendo a la vista estos antecedentes, la señal es clara: vamos camino a una nueva Impunidad, el accionar del Poder Judicial es lento y timorato, el uso de sus facultades mayoritariamente es discrecional, abusivo y con sesgo clasista, de esa manera existen actualmente centenas de jóvenes encarcelados con evidencias débiles y testimonios acientíficos. Acordarse que el Poder Judicial fue cuestionado por el Informe Rettig, en cuanto a la actuación de los tribunales y el incumplimiento de sus obligaciones, y los aludidos indicaron en mayo de 1991 que, “La Corte Suprema de Justicia no puede aceptar como válido el enjuiciamiento de los Tribunales por una entidad que carece totalmente de la más insignificante facultad para hacerlo, pero que en su afán de divulgar una absurda crítica no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones”.
El ordenamiento como sistema de justicia en Chile no está capacitado para afrontar violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, lo vivimos durante 17 años. En esa perspectiva, también se hace ineludible la refundación del poder judicial para contar con jueces defensores y promotores de los Derechos Humanos. Ciertamente habrá que seguir bregando por Justicia en otros espacios como la Corte Penal Internacional, al constatarse que de manera definitiva en Chile no están dadas las condiciones ni garantías objetivas para la restauración y reparación de los derechos conculcados.
Lo precedente refrendado además por cuatro informes internacionales y diversos informes nacionales, la política de violaciones de Derechos Humanos contra manifestantes se mantiene por el gobierno de Piñera Echenique y Carabineros de Chile. A su vez, la entrega de mayores atribuciones y exención de responsabilidades penales como queda establecido en diciembre del 2019 con el ingreso del proyecto de Ley “Fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile”, a través del boletín 13124-07, particularmente en su artículo 8°.
Carabineros de Chile debe ser refundado en lo mínimo y disuelto en lo máximo, pero el problema de fondo es más profundo. Tiene relación con la seguridad, con la protección, el uso de la fuerza pero también con las instituciones armadas que es y debe ser parte de una discusión constitucional y constituyente como eje principal para redefinir la sociedad de nuevo tipo que deseamos construir.
Carabineros de Chile es una institución donde la autoridad se consolida por la violencia, las conductas agresivas y sociópatas, el temor y la obediencia debida. El legado post dictadura lo demuestra y la limitada capacidad política de los gobiernos civiles les permitió desarrollar una falsa pero genuina autonomía en democracia. Dicha institución es la tercera fuerza responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos bajo la dictadura cívico-militar.
No cabe duda que Carabineros de Chile requiere una refundación completa y no una reforma. Se necesita un cambio estructural de largo aliento que trascienda un gobierno de turno. Y lo asombroso, es que esa mirada urgente no tiene recepción en amplios sectores de la elite política.
Una consideración ineludible nos indica que la negación y la nula justicia es un fenómeno que lleva a la impunidad. Impunidad que debiera preocuparnos como sociedad que ya sabe de aquello, especialmente, luego de 17 años de Dictadura Militar. Concluyo, “La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto… Es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia” (1996).
Andrés Vera Quiroz
Unidad de Estudios
Codepu