A la comunidad nacional e internacional
RECORDAMOS:
Que desde el estallido social y posterior levantamiento popular ocurrido a partir del 18 de octubre del año 2019, en diversas regiones de Chile, se instauro una represión sistemática impulsada por el lenguaje belicoso del gobierno de Sebastián Piñera Echenique, la cual fue ejecutada en contexto de excepción constitucional por las Fuerzas Armadas y de Orden. Y luego de levantado el mismo, prosiguió de forma incesante por el cuerpo armado de Carabineros de Chile.Que existen a lo menos 5 informes internacionales de diversas instituciones defensoras de los Derechos Humanos, que declaran de forma clara “que en Chile se violan los Derechos Humanos”.
Que el gobierno de Chile y sus autoridades han respaldado una y otra vez el actuar de las FFAA y de Orden, incluso “negando” las graves y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos, y que en otros casos “minimizando” como excesos individuales. Incluso funcionarios de ministerios, como Interior y Justicia y Derechos Humanos “calificaron” a dichos informes de escaso rigor metodológico, juicios de valor e incluso agradeciendo los informes, pero sin detallar las medidas preventivas y/o correctivas a la actuación de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Que desde nuestra practica en la promoción y defensa de los Derechos Humanos con una data de 40 años, hemos constatado en terreno estos abusos y atropellos a personas y colectivos sociales. En esa dinámica como institución hemos interpuestos los recursos legales, psicológicos y de acompañamiento necesarios para una justicia reparadora y restaurativa ante el avance de la violación a los Derechos Humanos por agentes de Estado y/o aquiescencia de éste.
DECLARAMOS:
Que el estallido social y posterior levantamiento popular ha sido una amplia y masiva movilización de descontento por las injusticias sociales provocadas por el orden económico heredado de la dictadura militar y la ausencia de Verdad y Justicia plenas. El estallido social vino también a cuestionar al conjunto de gobiernos civiles y sus alianzas políticas que sucedieron a la dictadura militar que en lo esencial administraron el modelo en estos últimos 30 años.
Que la institución de Carabineros de Chile, según la Comisión Rettig y su respectivo informe del año 1990, dejó establecido como verdad histórica que es la tercera fuerza responsable de personas fallecidas durante los años de la Dictadura Militar (1973-1990).
Que es un deber ético que los Tribunales de Justicia deban investigar, conocer, cautelar y profundizar las denuncias realizadas por personas naturales y de organismos de Derechos Humanos no dejándose amedrentar por las diferentes autoridades de turno. Ya que bajo la dictadura militar, el Poder Judicial fue parte importante del silencio cómplice y la negación de justicia en las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado.
Que la negación es un fenómeno sociológico importante porque lleva a la impunidad, a la amnesia, la desmemoria, los culpables y sus responsabilidades individuales, colectivas e institucionalidades quedan en el olvido, y Chile sabe bastante de aquello, particularmente, luego de 17 años de Dictadura Militar.
Que según datos a octubre del 2020, la Fiscalía de Chile, ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en contexto del estallido social. De ellos, 648 se encuentran en prisión preventiva, mientras que otros 725 ya fueron condenados. En cuanto a funcionarios y agentes del Estado, en la actualidad existen 4.681 causas vigentes relacionadas a Violencia Institucional, y de los cuales se han formalizado a un total de 75 personas por delitos relativos a violaciones de Derechos Humanos, de los cuales 25 se encuentran en prisión preventiva y sólo un imputado han sido condenados.
EXPRESAMOS:
Que miles de jóvenes fueron privados de libertad por acciones de protesta social que se han disfrazado por parte de la autoridad como conductas antisociales. Soportando tratos discriminatorios y vulneratorios de las reglas del debido proceso. Han debido aguantar un rigor excesivo en el otorgamiento de medidas cautelares y en la tipicidad de las conductas que se le imputan con abiertas consideraciones de peligro político y reproche a la contingencia hacia ellos vertido incluso en resoluciones judiciales.
Que los mismos acusadores son los que han vulnerado gravemente los Derechos Humanos, dado que uno de los principales medios probatorios los realiza funcionarios de Carabineros de Chile, asumiendo en la práctica un doble rol.
Que claramente existe un doble estándar en la aplicación de penas dentro del marco jurídico, mientras los violadores a Derechos Humanos se encuentran cómodamente detenidos en unidades policiales, los luchadores sociales sufren de hacinamiento y penas irrisorias, renovando una justicia de clase que solo busca vigilar, criminalizar y castigar el Derecho a la Manifestación.
Por todo lo planteado en los apartados precedentes,
EXIGIMOS:
La LIBERTAD inmediata de todos los presos políticos de la revuelta como asimismo, de todos los presos mapuches encarcelados en juicios sin la debida diligencia. Esta libertad debe ser clara sin concesiones ni perdonazos ni buscando empates o compensaciones.
Juicio y Castigo a todos los responsables; Disolución de las Fuerzas Especiales (actuales COP) y Refundación Estructural a Carabineros de Chile.
Una Verdad, Una Justicia y una Reparación para todas las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos acometidas desde el 18 de octubre del año 2019 en adelante, en coherencia con la resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 (Naciones Unidas). Una única forma de ir resolviendo los temas y recomendaciones realizadas por organismos internacionales, sobre todo en un contexto de un proceso de redacción de una Constitución Política para un nuevo periodo.
CODEPU
Noviembre, 2020