Han transcurrido algunos días de los graves acontecimientos derivados del hecho que efectivos de Carabineros ingresan, abren fuego y lesionan gravemente a dos niños en el centro Carlos Mancera de Talcahuano dependiente del Servicio Nacional de Menores, SENAME. Un nuevo general director e Carabineros encabeza la institución y un policía se encuentra formalizado por su responsabilidad en los hechos.
En ese injustificable acto se entrecruzan dos graves lógicas de vulneración sistemática de los derechos humanos presentes en Chile: la de la violencia represiva que se ha instrumentado contra la población civil desde el gobierno para contener la protesta social -que se ha traducido en más de ocho mil hechos de violaciones a los derechos humanos registrados hasta la fecha- y, la lógica de violencia, desprotección y desconocimientos de derechos de nuestra infancia que nos afecta como sociedad.
En lo referido a la lógica represiva, ya resulta claro que existe instalada una doctrina institucional en las fuerzas policiales, de atacar y sofocar con la fuerza toda manifestación de protesta de los más desposeídos, en cualquier ámbito, dañando a sus participantes, con todas las secuelas de violaciones a los derechos humanos que esto trae consigo. Esa doctrina fue alentada por el actual Alto Mando y el Poder Político. Recordemos los dichos del propio exdirector General de Carabineros Mario Rozas sobre ninguna sanción a sus hombres por los hechos de represión en la Revuelta del 18 de octubre.
Al revés de lo que parece opinar el Ministro del Interior y el Presidente de la Republica, no hay que aclarar ninguna circunstancia particular para establecer si hubo abuso o exceso de la función policial en el baleo a dos niños en el Centro de SENAME, sino que sincerar que lo ocurrido es la consecuencia directa de la políticas e instrucciones con que el Gobierno ha enfrentado el descontento de Chile.
La gravedad de lo ocurrido genera responsabilidades políticas y jurídicas, sobre todo ante la comunidad internacional y el Sistema de Derechos Humanos, pues tales políticas e instrucciones son actos de Estado, responsabilidades que, por cierto, alcanzan al jefe de Estado.
En lo referido a la lógica de desprotección y violencia de nuestra infancia, ya fue denunciada en el 2013 por el Informe de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, constituida en investigadora de graves delitos en hogares del SENAME, en que se denuncia el grave abandono de la niñez y adolescencia en nuestro país.
Recordemos que, tras el informe mencionado, conocido también como Informe Jeldres, por el apellido de una de las juezas de Tribunales de Familia que participó, se propuso una gran reforma a la institucionalidad de la Infancia y Adolescencia, en torno a tres ejes. El primero, la separación el Sename en dos organismos especializados, uno a cargo de los casos de Responsabilidad Penal Adolescente y otro a cargo de atención social a niños vulnerados. El segundo eje, un “mejoramiento” del Sistema de subvenciones a entes privados colaboradores del Sename, a sus estándares de control y medios de fiscalización y, el tercer eje un estatuto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que estableciere, por fin, mecanismos de exigibilidad.
Estos tres componentes se entendían ligados entre si y expresamente en el articulado de esos proyectos se condicionaban la aprobación y vigencia de los dos primeros a la aprobación y vigencia del tercero, pues se propugnaba que la base era garantizar los derechos de la Infancia y Adolescencia primero y eso generaría un cambia de condición de la niñez y adolescencia en Chile.
Ad portas de la aprobación parlamentaria de los Proyectos este año, una indicación presidencial elimino esa condición y, solo ha avanzado el proyecto de Mejoramiento del Sistema de Subvenciones, dilatando el de Separación de Sename en dos servicios y congelando el Estatuto de Derechos y Garantías de Niños, Niñas y Adolescentes. Los niños no están primero, como sí lo están los negocios.
La mirada, el interés y las prioridades del poder político frente al tema de la Niñez y Adolescencia quedaron en evidencia y esa es la raíz del problema.
No es el descriterio o pérdida del sentido de las proporciones de los sargentos, cabos o carabineros involucrados sino las decisiones de la Autoridades competentes que ordenan operativos y establecen procedimientos contrarios a los principios de la Convención de Derechos del Niño y a la Ética Política necesaria.
Recordemos, también, que la Defensoría de la Niñez había solicitado la intervención directa del Centro Carlos Mancera por acusaciones de abuso y tráfico sexual contra sus niños internos. Solicitud realizada hace meses y ante la cual SENAME nada hizo. Eso denota el abandono y desprotección en que dejan las autoridades políticas de turno a los Niños, Niñas y Adolescentes.
Estos temas no se resuelven con renuncia más o renuncias menos, la raíz del problema está en los temas de fondo. Se requieren cambios estructurales que contemplen, al menos:
a.- Establecer, en forma prioritaria, las reformas a la Institucionalidad de la Infancia y Adolescencia que partan con promulgar el estatuto de derechos y garantías de niños niñas y adolescentes y luego crear los nuevos servicios de atención a los niños y niñas y adolescentes y reformar sistema de subvenciones, revirtiendo la privatización de esas tareas con una lógica distinta que privilegie realmente el “interés superior del niño”, para que esta recurrente frase deje de ser invocada con fines discursivos y que nunca se realiza.
b.- Cambiar ya los protocolos internos de Sename para el tratamiento de los Niños, Niñas y Adolescentes, sobre todo, en el tratamiento de situaciones de crisis.
c.- Hacer efectivos y operativos los mecanismos del control interno de las vulneraciones de los niños en la Red SENAME.
d.- Hacer efectivas las responsabilidades políticas y jurídicas de los actores en la materia, que por cierto alcanzan a las autoridades del Sename y el Ministerio de Justicia.
Un reciente informe de la Defensoría de la Niñez nos entrega cifras alarmantes para el año, 818 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia estatal, constituida por graves violaciones de sus derechos humanos, que han implicado tortura, apremios ilegítimos, desnudamientos, pérdida de la visión por impacto de perdigones, heridas por bala, heridas por perdigones, entre otras, cometidas principalmente por miembros de Carabineros de Chile.
Desde ya señalamos que CODEPU hará las presentaciones correspondientes ante las instancias nacionales e internacionales para esclarecer los hechos, realizar justicia y caminar decididamente en la resolución de los temas de fondos y estructurales.
Hiram Villagra Castro
Equipo Jurídico CODEPU
Noviembre 2020
Fotografía: El Pueblo Informa /@EPInforma