A pocos días de la conmemoración del “estallido social”, Amnistía Internacional (AI) solicitó al Ministerio Público investigar a los altos mandos de Carabineros por “permitir” que se cometieran violaciones a los derechos humanos a partir del 18 de octubre de 2019.
Al entregar su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, la ONG apunta al general director de Carabineros, Mario Rozas, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez.
El argumento central con el cual reclaman la responsabilidad de alto mando es que por acción u omisión permitieron las violaciones de derechos humanos. “La cadena de omisiones de los mandos estratégicos, como el general director, el subdirector o el director de DIOSCAR, lejos de ser fortuita, fue deliberada o como mínimo culposa por negligencia reiterada” señala el informe al mismo tiempo que indica si los mandos tuvieron información acerca de las consecuencias del accionar policial, nada hicieron por cambiar o modificar el actuar policial. Es decir, no adoptaron medidas para impedirlas y tampoco investigaron los hechos que eran de público conocimiento.
El informe señala que “si bien es cierto que se reportaron cuantiosos daños a la propiedad, así como lesiones a personal de Carabineros, la desproporción de lesionados, así como la evidencia casuística y de imágenes con respecto al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores. Esta política, que habría venido desde los mandos superiores, habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del ‘orden público’, castigar a quienes protestaban y cesar las protestas a como diera lugar”.
Además de las responsabilidades de mando, el informe señala que «la actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo».