CODEPU rechaza categóricamente las acciones de violencia y racismo contra el pueblo Mapuche ocurridas recientemente en las localidades de Curacautín, Traiguén, Ercilla y Victoria.
Como institución condenamos los episodios de violencia por parte de grupos organizados, de claro carácter paramilitar, quienes atacaron a comuneros Mapuche, hombres, mujeres y niños. Los comuneros se encontraban en tomas pacíficas de municipios de la zona, exigiendo al Estado de Chile se atendieran las demandas de los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre hace 90 días y el respeto del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, y que sostiene que las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas deben ser respetadas y reconoce tanto el derecho sobre las tierras ancestrales y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo relacionado a sus procesos de desarrollo.
La violenta y racista acción de los grupos organizados se suma a la permanente violencia que afecta la Región de la Araucanía. Las políticas represivas desde el Estado como la militarización de la zona no contribuyen a establecer caminos de entendimiento, sino que acentúa la criminalización y persecución hacia el pueblo Mapuche y no resuelve el conflicto histórico que urge solución. Las amenazas, detenciones y muertes tienen una larga historia. La Operación Huracán o el cruel asesinato de Camilo Catrillanca o el de Alejandro Treukil son de ocurrencia demasiado cercana y es evidente que responde a una política y acciones provenientes del Estado o de quienes se sienten amparados por él
CODEPU exige que lo ocurrido en las últimas horas en la zona de la Araucanía debe ser investigado por la justicia y exigirse las responsabilidades políticas al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien debe dar cuenta de lo sucedido y de sus declaraciones.
Además, tanto el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y la Fiscalía Regional deben informar respecto a las infracciones a las normas sanitarias y a la ley de control de armas por parte de los civiles que, además vociferaban consignas racistas y discriminatorias contra el pueblo mapuche, lo que nos parece alarmante.
CODEPU alentará las acciones legales nacionales e internacionales que faciliten y hagan posible la investigación de lo ocurrido y la plena realización de la justicia. Por su parte, el Estado debe abrir diálogos para resolver el conflicto y no agudizarlos. Las acciones violentas fundamentadas en lógicas racistas y/o colonialistas solo contribuyen a generar reacciones de los pueblos originarios afectados.
CODEPU, 2 de agosto de 2020.
