Hugo Catalán Flores
Los actos simbólicos del poder son parte de la forma que tienen los gobernantes para expresar acentuaciones, direcciones o voluntades, esto es válido para cualquier administración en cualquier lugar del mundo.
En Chile, donde rige un sistema presidencialista, los roles de jefes de gobierno y de estado se acumula en una misma autoridad, poder que se manifiesta de modo absoluto en los hitos que va resolviendo. Al ser el presidente, además, quién concentra importantes competencias administrativas y legislativas, resulta evidente que cuando realiza cambios de gabinete no solo señala una idea formal respecto del equipo que lo compone, o la correlación de fuerzas que expresa, sino que envía mensajes sobre qué pretende con el “ajuste”.
Desde octubre de 2019, se han producido varias renovaciones de gabinetes, algunos puntuales para un ministerio, otros de mayor profundidad y que afectan la conducción política.
El 28 de octubre, días después de iniciada la hoy conocida como la mayor rebelión social y popular en casi 100 años, el gobierno cambió al que se definía como un duro de la derecha Andrés Chadwick, por el “dialogante” Gonzalo Blumel, un enroque que pretendió, en opinión de varios analistas, dar espacio a salidas políticas a la crisis de los partidos de representación institucional, cuestión que llegó a puerto con el “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, y que en todo caso se produjo en medio de la represión contra millones de personas que exigían cambios inmediatos en el orden de las cosas.
El periodo que abarcó la gestión de Blumel estuvo señalada por la violencia institucional de carabineros que no cesó en la dureza para recuperar la “normalidad institucional”, y que desde marzo agregó a aquel contexto la crisis sanitaria y la excepción constitucional que permitió contar con las FFAA en las calles realizando labores policiales. El resultado es que, el periodo del ministro Blumel ha implicado también numerosas denuncias, y que debieran ser respondidas política y judicialmente por la responsabilidad que le cabe en las violaciones a los DDHH en todo el país.
Sin embargo, lo hemos señalado en otras columnas, vivimos un ciclo político que abarca en lo inmediato desde la revuelta de octubre, expresión de la crisis de representatividad y legitimidad del sistema político, a la que se agregan las medidas y políticas públicas del Estado para responder a los reclamos sociales que genera la pandemia. Este proceso permitió que se propinara una importante derrota para los defensores del modelo con la reforma constitucional que permitirá el retiro de emergencia del 10% de los ahorros en las cuentas de la AFP. El que exista esta ley, con un apoyo parlamentario de más de 2/3 de ambas cámaras –presionada por las manifestaciones populares-, obligó al gobierno a realizar un cambio de gabinete que puede ser interpretado en al menos en dos direcciones.
Por un lado, fue un guiño a la derecha dura que representa a la UDI y otros grupos de ese segmento. Para ellos en exministro saliente, lo llamaban “flan Blumel”, representaba la tibieza de un gobierno que entendían concediendo espacios a la agenda transformadora y popular.
Con el arribo de los cuatro parlamentarios -tres de ellos votaron en contra de la reforma del 10% de AFP, Desbordes de abstuvo-, se allega una mirada acorde con la narrativa de mayor fuerza y control a la disidencia, son personajes de alta estima política en los sectores reaccionarios: Víctor Pérez histórico dirigente del gremialismo que fue alcalde designado en la dictadura cívico-militar, parlamentario por 30 años siendo un actor central de la clase política, y cercano colaborador de los grupos de apoyo de la nefasta ex Colonia Dignidad; Andrés Allamand también fue un comprometido dirigente de la dictadura en cargos “técnicos”, ambos designados en ministerios relevantes para darle coherencia y dirección a la gestión de gobierno, ministerio del interior y cancillería; Jaime Bellolio, de la generación sub-40 de la UDI que ante la presión de un proceso de transformaciones profundas en el modelo, el ethos de la derecha profunda consumió su imagen del joven dirigente dialogante, fue designado como vocero de gobierno; y Mario Desbordes, ex carabinero que como presidente de RN fue puente entre los reformistas de la “derecha social” y la centroizquierda, ahora desde el ministerio de Defensa y que en lo inmediato deberá desplegar todo el compromiso que adquirió apoyando en la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Sistema de Inteligencia del Estado, todo esto nos hace suponer cuál será su papel en su implementación si es que la norma es despachada tal cual ha sido planteada en el debate parlamentario.
La otra señal, clara y evidente, se desprende del giro que operó en la última semana en el exdiputado Bellolio y su conversión a favor de la opción “rechazo” para el plebiscito de octubre de este año, indica de modo inequívoco que este será, además, el gabinete que resistirá la posibilidad de una convención en un muy probable proceso constituyente que permita generar un nuevo pacto institucional.
Lo que sí es claro es que los desafíos para este nuevo gabinete, de un gobierno con mínimos apoyos sociales, solo le queda resistir con la fuerza lo que millones reclaman en las calles.
Julio 29, 2020