Hugo Catalán Flores
En la segunda mitad de la década del 2000 avanzó un proyecto de conectividad denominado “Ruta Lafkenche” y definido por el gobierno de la época como estratégico para el Estado. En aquel momento el conflicto del estado chileno contra la nación mapuche operaba cual vaivén, en que se daban contrapuntos entre un diálogo sin mucha convicción impulsado por el ejecutivo y el hierro del poder de fuego de las unidades de control especialmente de carabineros.
Una de las cuestiones que alertaron las comunidades lafkenche en aquel momento fue que el trazado de la carretera costa desde lago Budi al sur en la comuna Teodoro Schmidt, afectaba espacios simbólico esencial de la cosmovisión mapuche, incluyendo en su trazado la intervención del cerro “Treng Treng”, representación que constituye la fundación de la humanidad para esta identidad. En ese entonces, 2008, el conflicto se resolvió involucrando al Cuerpo Militar de Trabajo del Ejército, un acto de presencia que fue entendida como el poder del estado sobre cualquier reclamación opositora a la iniciativa vial.
Este recuerdo viene al caso para significar sobre el impacto que podría tener la presencia militar en zonas del wallmapu, acto furibundo que sería la respuesta del colonizador sobre la independencia y autodeterminación de un pueblo que reclama por una salida política de un conflicto de siglos de recurrencia.
Alberto Espina, Ministro de Defensa señaló sobre esta posibilidad el 22 de junio: “Las Fuerzas Armadas van a aumentar su personal y medios militares para fiscalizar e impedir ataques…”.
La militarización del wallmapu ha sido denunciada en varias oportunidades, referido a unidades especializadas de carabineros que han operado con alta capacidad de fuego. Por ejemplo, es lo que inauguró el gobierno de Piñera el año 2018 al presentar su “Comando Jungla”, muestra de poder represivo que excede procedimientos de orden y seguridad para situaciones que involucran a reclamantes de reivindicaciones sociales.
Creemos que es necesario definir militarización del wallmapu en dos sentidos. Por un lado es la capacidad de represión de los órganos encargados de orden y seguridad, y que por su preparación y capacidad técnica especializada operan como unidades militares sobre las zonas en conflicto. Nos referimos a unidades de Carabineros apostadas en torno a territorios reclamados por comunidades, y que por su configuración representan la fuerza militar del estado.
También se debe señalar que al existir un mecanismo constitucional que regula el despliegue operativo de las fuerzas armadas, su involucramiento en conflictos sociales formalmente se debe entender como excepcional, no obstante, se puede señalar que existe militarización cuando unidades operativas de las FFAA realizan labores de orden y seguridad.
Es este el contexto que se dan los Estados de Excepción Constitucional y se configura un escenario para la intromisión de contingente militar en el territorio con insospechado alcance pues, se ha evidenciado con la rebelión de octubre que las FFAA no tienen ni la preparación operativa para enfrentar situaciones de orden y seguridad, ni los implementos, entendido como disuasivos, que sirvan para abordar eventos de control de comunidades civiles, tal cual son los habitantes de la zona en las que pretende intervenir.
Debemos poner la alerta en esta situación y la entendemos como una etapa que escala en la complejidad de la intervención del Estado chileno en el wallmapu, más cuando no solo se da en medio de una crisis del sistema de representaciones políticas, ciclo iniciado en octubre último, sino que también cuando se dan debates institucionales de relevancia como son la reforma al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y sobre “Resguardo de Estructura Crítica”, dos materias que de algún modo se pueden vincular con la criminalización de sectores sociales reclamantes como es el caso que analizamos.
Se ha usado en esto días a modo de crítica, y además metáfora acertada para explicar lo que se logrará con el involucramiento del ejército como “apagar el fuego con bencina”. Sería una especie de concesión política de parte del gobierno a la exigencia de los sectores más reaccionarios de los cuales representa, pero sin lugar a duda, si se hace efectivo aquella intromisión podemos suponer que el costo será significativo.
Junio 2020